Colombia está muy cerca de convertirse en un país que prohíbe explícitamente la mutilación genital femenina por ley. La Comisión Primera del Senado aprobó esta semana el proyecto que busca eliminar esta práctica, considerada una de las formas más graves de violencia contra las mujeres y niñas. El trámite avanza en el Congreso y solo falta un debate final en la plenaria del Senado para que la iniciativa se convierta en realidad.

La senadora Jennifer Pedraza, una de las impulsoras del proyecto, celebró el avance legislativo expresando: "¡Lo logramos! Aprobamos en 3er debate nuestro proyecto para eliminar la mutilación genital femenina en Colombia. Estamos a un solo debate de sacar a nuestro país de la lista de países que aún permiten esta violencia contra la vida y salud de las niñas". La Defensoría del Pueblo también respaldó la aprobación, destacando que "el proyecto busca implementar una política pública para erradicar esta práctica y fortalecer la protección de los derechos humanos de las niñas y mujeres".

Lo interesante del proyecto no es solo que prohíbe la práctica, sino que plantea un enfoque integral para combatirla. Según la Defensoría, la iniciativa busca abordar el tema "desde la prevención, la atención y la erradicación, promoviendo la eliminación de barreras culturales, sociales y económicas que limitan el ejercicio efectivo de los derechos de las niñas y las mujeres". En Colombia, esta práctica ha sido documentada principalmente en algunas comunidades indígenas, lo que requiere un trabajo particularmente sensible y respetuoso con los contextos culturales.

A nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en que los países deben actuar. En un pronunciamiento reciente, el organismo advirtió que aunque en las Américas solo un Estado ha reconocido oficialmente esta práctica, existen indicios de su presencia en comunidades indígenas de Suramérica. La CIDH enfatizó que esta práctica genera consecuencias físicas y psicológicas de largo plazo en las mujeres y niñas afectadas, y que los Estados tienen obligaciones internacionales claras para erradicarla.