La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre los planes del Gobierno para recaudar 8,68 billones de pesos a través de decretos expedidos durante la Emergencia Económica, Social y Ecológica. Tras analizar 18 medidas adoptadas bajo el Decreto 0150 de 2026, el ente de control detectó fallas importantes en cómo fueron diseñados, coordinados y serán ejecutados estos decretos, lo que pone en riesgo tanto la recolección del dinero como su uso efectivo.

El principal problema está en la capacidad del Estado para realmente cumplir con lo propuesto. La Contraloría fue directa al señalar que "el Gobierno Nacional tiene la obligación legal de garantizar el recaudo adecuado y oportuno de estos recursos y su debida destinación y uso exclusivo", especialmente considerando que estos recursos deben ir a reparar los daños de la emergencia invernal. El ente de control enfatizó que la DIAN, la entidad encargada de cobrar impuestos en Colombia, necesita refuerzos urgentes tanto en su estructura como en sus mecanismos de control. Sin una DIAN más robusta, será difícil cobrar los nuevos tributos como el impuesto al patrimonio y el gravamen a los juegos de azar operados por internet, lo que significa que el dinero proyectado podría no llegar.

Otro aspecto preocupante tiene que ver con cómo se repartirá el dinero una vez se recaude. La Contraloría pidió al Ministerio de Hacienda que explique "la necesidad de recaudar hasta $8,68 billones y la forma en que se decidió distribuirlos", argumentando que esto es fundamental para garantizar transparencia. Sin argumentos técnicos sólidos detrás de estas decisiones, hay riesgo de que los recursos no se asignen donde más se necesitan.

Hay también una preocupación más amplia: al redirigir dinero hacia la emergencia, algunos programas y proyectos en curso podrían perder financiamiento. La Contraloría advirtió que estos cambios deben hacerse "con el debido rigor jurídico y técnico" para evitar que se creen nuevos problemas mientras se intenta resolver los existentes.

La entidad encargada de la gestión del riesgo y desastres, la UNGRD, es otra fuente de inquietud. Según el análisis, esta institución "no tiene la experticia ni estructura organizacional para gestionar el diseño, ejecución e interventoría de obras de esta especificidad y complejidad", lo que traducido al español corriente significa que no está preparada para ejecutar los proyectos complejos que requiere la emergencia. Esto podría derivar en retrasos y desperdicio de recursos.

El ente de control también encendió señales de alerta sobre el sector energético. Cambios en cómo operan los embalses sin un respaldo técnico adecuado podrían generar problemas contractuales, aumentar las tarifas de electricidad para los ciudadanos y espantar a los inversionistas, algo que Colombia no necesita en este momento cuando el sistema energético requiere estabilidad.

Finalmente, la Contraloría subrayó que el verdadero desafío no es simplemente crear nuevos impuestos, sino que las instituciones del Estado tengan la capacidad real de ejecutarlos bien. De nada sirve que el Gobierno cree nuevas fuentes de ingresos si las entidades responsables no fortalecen su gestión. Por eso anunció que seguirá vigilando para asegurar que los recursos cumplan su objetivo y lleguen a quienes están siendo afectados por la emergencia.