Recorrer las ciudades colombianas revela una tendencia que se repite con frecuencia: jardines infantiles que cierran sus puertas o anuncian su salida del mercado. Lo que parece una serie de eventos aislados responde en realidad a un problema estructural que está transformando un sector completo. Según Martha Valencia de la Roche, presidenta de la Asociación Nacional de Prerescolar, Andep, solo en enero se registraron aproximadamente 59 cierres de jardines infantiles en Colombia. Esa cifra ya se acerca al promedio anual de 90 clausuras que el sector registra habitualmente, lo que enciende las alarmas sobre su viabilidad futura.

El golpe más visible llega de la mano de los números de natalidad. En 2020 nacieron 629.402 niños en Colombia, pero esa cifra ha caído de manera consistente: 616.914 en 2021, 573.625 en 2022, 515.549 en 2023 y 453.901 en 2024. Lo más preocupante es que entre enero y julio de 2025 se contabilizan apenas 243.870 nacimientos, confirmando que el mercado potencial para la primera infancia sigue reduciéndose. Para un sector basado en cantidad de estudiantes, esto significa menos demanda y menos ingresos.

Pero la caída de natalidad es solo parte de la ecuación. Ruth Domínguez, presidenta de la Asociación de Jardines Infantiles Jardinco, explica que los cierres responden a una combinación de presiones. Además de la menor cantidad de niños para matricular, los jardines enfrentan costos operativos que suben constantemente, regulaciones cada vez más exigentes y la competencia del Estado en algunos segmentos del mercado. En Bogotá específicamente, el panorama es aún más complicado porque existen dos esquemas de regulación para educación inicial: uno bajo la Secretaría de Educación y otro bajo la Secretaría de Integración Social, generando lo que Domínguez llama duplicidades normativas que aumentan la carga administrativa para operadores privados.

Los números de Bogotá ilustran la magnitud del problema. Entre 2018 y 2024 cerraron 428 jardines en la capital, en un entorno donde la natalidad ha caído y la demanda disminuye progresivamente. Domínguez advierte que "además de la menor matrícula, las instituciones enfrentan una estructura de costos rígida, exigencias crecientes en infraestructura, mayores obligaciones curriculares y retos en la atención a población con inclusión". Todos estos factores presionan simultáneamente el equilibrio financiero de los jardines, limitando su sostenibilidad a mediano plazo.

Frente a este panorama, los dirigentes del sector no plantean simplemente resistir, sino transformar. Desde Andep y Jardinco convergen en que la salida pasa por mejorar resultados académicos, fortalecer procesos pedagógicos y desarrollar modelos de gestión más eficientes y transparentes. Valencia considera que el foco debe estar en elevar la calidad y demostrar con resultados concretos el impacto real de la educación inicial. Domínguez agrega que el sector está explorando esquemas de articulación entre instituciones, alianzas estratégicas y ajustes en estructuras operativas para ganar sostenibilidad sin sacrificar estándares educativos.

El debate que enfrentan los emprendedores de educación inicial va más allá de los cierres. Ambas asociaciones coinciden en que el sistema educativo en su conjunto, tanto público como privado, debe trabajar de manera coordinada. Para un sector que genera miles de empleos y atiende a familias colombianas, encontrar esa coordinación podría ser la diferencia entre la extinción gradual y la adaptación viable a una realidad demográfica completamente nueva.