Las elecciones legislativas y consultas presidenciales del domingo 8 de marzo transcurrieron en Colombia con relativa normalidad, pero dejaron un registro importante de irregularidades. Según reportó el Ministerio del Interior a través de su Puesto de Mando Unificado, hasta la 1 de la tarde se habían recibido cerca de mil denuncias ciudadanas por posibles delitos electorales en diferentes regiones del país.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que "hasta el momento la jornada electoral avanza con tranquilidad en todo el país. Tenemos alta afluencia en las mesas de votación y no se han presentado novedades relevantes en materia de orden público". Sin embargo, aclaró que a través de la plataforma URIEL de su ministerio se registraron 940 denuncias, de las cuales "cerca del 80% corresponden a presuntos casos de constreñimiento o presunta compra de votos que ya fueron trasladados a la Policía".

De ese total de reportes, 907 corresponden a hechos dentro del territorio colombiano y 33 en el exterior, donde también se habilitaron mesas de votación. Bogotá fue la ciudad con mayor número de denuncias, alcanzando 145 hasta el corte del mediodía. Los reportes se concentraban en prácticas de corrupción al elector (intentos de comprar votos), suplantación de votantes, intervención indebida de servidores públicos en política y violaciones a las normas sobre propaganda electoral.

Un hallazgo particularmente preocupante fue la incautación de más de 4 mil millones de pesos en efectivo por la Policía Nacional en distintos puntos del país. La Misión de Observación Electoral señaló que el movimiento de grandes sumas de dinero en días previos o durante las elecciones suele ser indicador de compra de votos. A través de su plataforma "Pilas con el Voto", la MOE recibió 91 reportes de irregularidades provenientes de 49 municipios en 22 departamentos, además de reportes del exterior.

Según la Misión, aproximadamente el 34% de sus denuncias estaba relacionado con presiones o incentivos a los votantes, incluyendo casos donde personas ingresaban a los cubículos de votación para marcar las tarjetas por los electores. Otro 35% se refería a propaganda política colocada cerca de los puestos de votación, algo expresamente prohibido por ley, situación registrada en ciudades como Bogotá, Medellín, Barrancabermeja y Soacha.

También se reportaron problemas logísticos: retrasos en la apertura de mesas, uso de celulares dentro de los puestos de votación, y dificultades para el acceso de testigos electorales y observadores en algunas zonas. El Gobierno reiteró que todas las denuncias eran trasladadas inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para investigación y garantizar la transparencia del proceso electoral.