Cartagena se convierte desde esta semana en epicentro de una conversación que pocas ciudades en el mundo están teniendo: qué hacer con la tierra para que produzca alimentos y beneficie a quienes la trabajan. La Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, conocida como ICARRD+20, reúne a más de mil quinientos delegados provenientes de casi cien países, incluyendo gobernantes, funcionarios, campesinos, indígenas y representantes de organizaciones que defienden derechos rurales.

El presidente Gustavo Petro Urrego instalará oficialmente el evento, que tiene el respaldo de la FAO (la agencia de la ONU que se dedica a alimentación y agricultura). Aunque suena lejano, esto importa para el colombiano de a pie: mientras el mundo sigue enfrentando crisis de hambre, cambio climático y desigualdad en el campo, esta conferencia trata de entender cómo reorganizar la producción agraria global. La pregunta que estructura todo el debate es directa: "¿cómo reconfigurar la base del sistema agrario global para garantizar vida digna y sostenibilidad planetaria?".

Hace veinte años, en Porto Alegre, se realizó la primera conferencia sobre este tema. Desde entonces, el panorama rural se ha deteriorado. La pobreza en el campo ha crecido, el medio ambiente sigue degradándose y el acceso a tierras productivas sigue siendo fuertemente desigual, especialmente para mujeres, indígenas y comunidades campesinas. Colombia, siendo un país eminentemente agrario, está en primera fila en esta discusión.

La conferencia plantea algo revolucionario en su simplicidad: "la tierra no es mercancía sino territorio, cultura, alimento, agua, memoria y futuro". Esto contrasta con la realidad de muchos países donde la tierra se compra y vende como cualquier otro bien, dejando fuera a quienes la trabajan de verdad. Los debates de estos días incluyen cómo restituir y redistribuir tierras de forma justa, cómo garantizar derechos de las mujeres rurales, y cómo los campesinos pueden proteger sus territorios frente a grandes proyectos extractivos.

El evento se desarrollará hasta el 28 de febrero e incluirá paneles sobre temas específicos como gobernanza rural, biodiversidad y la relación entre educación y reforma agraria. Para Colombia, esta es una oportunidad de colocarse como referente en un tema que, aunque suene académico, tiene consecuencias directas: si se logra que más gente tenga acceso a tierra productiva, hay más alimentos locales, menos hambre y economías rurales más fuertes. En otras palabras, es invertir en que el campo colombiano no siga vaciándose y que quienes viven allí puedan vivir dignamente.