Desde el 24 hasta el 28 de febrero, Cartagena será el escenario de un debate que afecta directamente el futuro agrícola, ambiental y social del país y el mundo. Se trata de la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, conocida como ICARRD+20, un encuentro que no es simplemente otro foro de gobiernos y expertos, sino un espacio para evaluar qué se ha hecho en dos décadas sobre cómo se distribuye, usa y controla la tierra.

El trasfondo es simple pero crucial: la tierra no es solo un recurso productivo. La forma en que se reparte y se gobierna tiene consecuencias concretas en lo que llega a su mesa de almuerzo. Impacta en la seguridad alimentaria de poblaciones enteras, determina si las comunidades rurales tienen estabilidad social, influye en la capacidad del país para enfrentar la crisis climática y protege o degrada los recursos naturales que todos compartimos. Esta es la razón por la que gobiernos, organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), organizaciones campesinas, comunidades indígenas y afrodescendientes, y expertos de distintos países se reúnen en Cartagena.

El evento surge de un diagnóstico incómodo pero realista. Vivimos tiempos de crisis simultáneas: el hambre está en aumento, los precios de los alimentos son volátiles, los suelos se degradan, los eventos climáticos extremos se intensifican y los conflictos por recursos naturales no desaparecen. Todo esto está conectado con la gobernanza territorial. Por eso, la ICARRD+20 busca examinar qué funcionó en los últimos veinte años y qué nuevas estrategias se necesitan frente a los desafíos actuales.

Los temas en la agenda no son nuevos, pero cobran urgencia: cómo redistribuir la tierra de manera justa, cómo formalizarla legalmente para que los campesinos e indígenas tengan seguridad jurídica, cómo ordenar el territorio respetando las territorialidades campesinas e indígenas, cómo proteger suelos fértiles y fuentes de agua, y cómo alinear las políticas agrarias con la acción climática. También está presente la justicia agraria, ambiental y climática desde una perspectiva territorial.

Colombia llega al evento con antecedentes que mostrar. Entre 2022 y 2025 se han ampliado resguardos indígenas, se han titulado colectivamente tierras a comunidades negras y se han consolidado Zonas de Reserva Campesina. Además, está en marcha el Plan Decenal del Sistema Nacional de Reforma Agraria, una política que busca institucionalizar la reforma agraria durante diez años mediante metas específicas de redistribución de tierras, formalización masiva de propiedades, mejora del financiamiento rural y coordinación entre instituciones.

La importancia de este encuentro radica en que reúne a quienes toman decisiones con quienes viven directamente las consecuencias: campesinos, indígenas y comunidades que dependen de la tierra. No es un debate teórico entre técnicos, sino una conversación donde la experiencia de quien trabaja la tierra pesa tanto como los datos de los analistas. En un país como Colombia, donde la historia agraria está atravesada por conflictos territoriales, este espacio representa una oportunidad para que la gobernanza de la tierra avance hacia soluciones más justas y sostenibles.