Cartagena se convirtió esta semana en epicentro de decisiones globales sobre el futuro del campo. Allí se instaló la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, reuniendo a más de 1.500 delegados procedentes de aproximadamente 100 países. El presidente Gustavo Petro inauguró el evento destacando una realidad incómoda: mientras debaten sobre reforma agraria, Colombia sufre una emergencia climática que demuestra la vulnerabilidad del sector. Las inundaciones en el mes históricamente más seco del año han devastado las tierras de campesinos que ya enfrentaban múltiples dificultades.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aprovechó la conferencia para ser honesta sobre los obstáculos internos que enfrenta Colombia. Aunque el gobierno busca cumplir con los compromisos del Acuerdo de Paz para transformar el campo, persisten problemas de fondo que paralizan el avance. El más crítico: la ausencia de una jurisdicción agraria especializada, es decir, cortes y juzgados dedicados exclusivamente a resolver conflictos de tierras. Esto impide recuperar miles de hectáreas de baldíos nacionales que fueron ocupados indebidamente, un tema central para la paz rural.

Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), el economista jefe Máximo Torero pintó un panorama mundial inquietante. Solo el 35 por ciento de las tierras del planeta están formalmente documentadas, lo que significa que millones de campesinos trabajan tierra sin papeles que prueben que es suya. Eso desalienta cualquier inversión a largo plazo. Torero advirtió que "sin intervención hacia el 2050, el mundo podría enfrentar un déficit de tierras agrícolas equivalente al doble del tamaño de la India. La tenencia es segura, sin embargo, no es suficiente por sí sola". Para traducir esto al bolsillo: sin formalización, los agricultores no pueden acceder a créditos, seguros ni tecnología que mejore sus cosechas.

Miroslav Jenča, representante especial de la ONU en Colombia, llevó la conversación a un nivel más político. Una reforma agraria efectiva no es solo repartir tierra. Requiere que el Estado esté presente en el territorio con autoridades, infraestructura y oportunidades legales. Cuando eso falta, "se reduce el espacio para la acción de grupos armados y economías ilícitas". Jenča recordó que el conflicto armado dejó más de 8 millones de desplazados, la mayoría campesinos que perdieron todo. Para ellos, acceso a tierra más presencia estatal significa la diferencia entre quedarse en el campo o seguir abandonándolo.