A pocos días de cerrar la campaña electoral, la noticia de posibles acercamientos entre altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y un importante contrabandista ha generado una ola de críticas de los candidatos presidenciales rivales. Diego Marín, conocido por el alias 'Papá Pitufo' y actualmente en Portugal a la espera de ser extraditado, habría sido contactado por emisarios del ejecutivo en negociaciones que, según los candidatos, excedieron las facultades del Gobierno.

El detonante fue la divulgación de grabaciones de reuniones realizadas a principios de 2025 entre Jorge Lemus, quien en ese momento era director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y personas cercanas a Marín. En esos audios, Lemus habría hablado de posibles garantías de seguridad y eventuales beneficios judiciales para que el contrabandista se entregara voluntariamente. El problema es que, por ley, solo la Fiscalía puede ofrecer ese tipo de acuerdos. Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, señaló que "ya son cuatro los emisarios que se habrían reunido con Papá Pitufo o con sus abogados", sugiriendo que no se trata de un contacto casual sino de una operación coordinada.

Valencia calificó lo ocurrido como "gravísimo" y cuestionó: "mientras el país preguntaba por los 500 millones de 'Papá Pitufo', desde la DNI se reunían con él para ofrecerle beneficios. Presidente Petro, el país exige respuestas: ¿dónde están los videos y la verdad?". Sondra Macollins, otra aspirante presidencial, también pidió una investigación "inmediata e independiente" y exigió la divulgación sin ediciones de todos los registros, asegurando que "la confianza en el Estado está en riesgo".

Lemus, quien renunció recientemente a su cargo en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), salió a defenderse diciendo que las reuniones fueron grabadas por su propia orden para facilitar la entrega voluntaria de Marín. Sin embargo, reconoció un problema serio: admitió que el Gobierno Nacional no tiene facultades legales para ofrecer beneficios judiciales, lo que abre la puerta a acusaciones de que se excedió en sus funciones.

Claudia López, también candidata presidencial, calificó el caso como un presunto abuso de poder. Mientras tanto, el presidente Petro no ha ofrecido explicaciones públicas sobre estos acercamientos, a pesar de que esta no es la primera vez que su círculo aparece vinculado con este contrabandista. Con apenas 55 días para las elecciones, cualquier revelación sobre vínculos del ejecutivo con actores del crimen organizado tiene un impacto considerable en la opinión pública. Iván Cepeda, el candidato del partido de gobierno, por ahora ha guardado silencio sobre el tema.