La Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) anunció que llevará a los juzgados el decreto de aranceles al acero que el Gobierno expidió hace pocos días. Para Guillermo Herrera, presidente del gremio, la decisión es una contradicción que pone un palo en la rueda a los objetivos mismos del ejecutivo en materia de vivienda.

El Gobierno busca que la vivienda de interés social sea más barata controlando sus precios máximos. Pero al mismo tiempo está encareciendo los insumos con los que se construye al elevar 35% los aranceles a importaciones de hierro, acero y productos metalmecánicos provenientes de países como China, Rusia, Turquía e India. Herrera lo resume así: "Por un lado dice que quiere desindexar los precios de la vivienda por el incremento del salario mínimo, pero por el otro lado sigue encareciendo los costos de producción". El resultado final es que una vivienda hoy cuesta entre 16% y 20% más de lo que costaba hace algunos meses, una cifra que golpea directamente a las familias con menos recursos.

El gremio no llega a esta demanda por sorpresa. Según Herrera, CAMACOL ha advertido al Gobierno en múltiples ocasiones sobre los problemas técnicos de esta medida, pero "desafortunadamente el Gobierno Nacional siempre hace de oídos sordos y no presta atención a muchos de los reclamos técnicos con soporte técnico". Para los constructores, un arancel solo se justifica cuando hay dumping comprobado, es decir, cuando un país vende productos a precios artificialmente bajos para acabar con la competencia local. El decreto actual, sostiene Camacol, no demuestra esto con claridad suficiente.

Los números del desastre laboral son brutales. Según cifras del DANE citadas por Herrera, más de 134.000 trabajadores de la construcción residencial perdieron su empleo durante 2025. El sector construye para proteger apenas 50.000 empleos en la industria del acero, mientras que la construcción de viviendas, que emplea directamente a más de un millón de personas, sigue desangrándose. Además, el sector lleva 33 meses consecutivos en caída y está en sus niveles más bajos desde 2012.

Pero el problema no se queda dentro de la construcción. Con menos oferta de vivienda nueva, los hogares que buscan dónde vivir presionan los otros mercados inmobiliarios: los precios del arriendo y la vivienda usada han subido sostenidamente durante el último año y medio. Esto significa que aunque no estés comprando vivienda nueva, igual pagas la factura a través de arriendos más caros. Es el efecto dominó de una decisión que se suponía protegería la economía colombiana.

El decreto que genera toda esta tormenta es el 0264 de 2026, firmado el 17 de marzo por el presidente Gustavo Petro junto con sus ministros de Comercio y Hacienda. El Gobierno justifica la medida diciendo que el acero representa cerca del 10% del PIB industrial, genera unos 45.000 empleos directos e indirectos, y además desempeña un papel importante en la economía circular al reciclar más de 1,2 millones de toneladas de chatarra anualmente. La medida tendrá vigencia de un año, así que al menos por ese tiempo, quienes quieran comprar o construir vivienda deberán asumir estos costos más elevados.