En la Universidad del Rosario, el tiempo se convirtió en la mejor defensa para un estudiante acusado de presunto abuso sexual. Mientras la justicia universitaria se movía lentamente entre trámites y recursos, los días pasaban transformándose en una armadura legal que hoy le permite seguir en las aulas como si nada hubiera sucedido.

Valentina, la joven que denunció ser abusada sexualmente hace casi un año, enfrentó una decisión imposible: quedarse en el campus corriendo el riesgo de cruzarse con su presunto agresor, o irse. Eligió irse. La Universidad del Rosario, a pesar de contar con protocolos para estos casos, terminó atrapada en su propia burocracia, permitiendo que un fallo de tutela protegiera más al acusado que a la víctima.

El punto crítico fue el calendario. El reglamento de la institución establece que una sanción solo tiene validez si se notifica antes de que pasen las primeras tres semanas de clase en el mismo semestre. Rivera recibió la notificación el 6 de marzo de 2026, cuando ya llevaba más de un mes en clases. Eso fue suficiente. Un juez de tutela consideró que expulsarlo en ese momento violaría su debido proceso. La universidad se había demorado cinco meses en resolver una segunda instancia, tiempo que resultó fatal para cualquier posibilidad de justicia para Valentina.

La evidencia inicial parecía contundente. Existían mensajes de chat donde ella le reclamaba a Rivera por lo sucedido el 13 de mayo sin su consentimiento. Él mismo reconocía en texto: "Lo que hice estuvo muy mal, perdóname" y "Fue el error más idiota que he hecho nunca". La Clínica Universitaria Colombia confirmó diagnóstico de abuso sexual. El comité disciplinario ordenó su expulsión el 2 de octubre. Pero entonces la universidad admitió un recurso de súplica, una figura que ni siquiera existe en el reglamento para casos de violencias basadas en género. Esa decisión prolongó todo hasta finales de febrero, permitiendo que Rivera se matriculara en el nuevo semestre e invalidara cualquier sanción inmediata.

La universidad respondió defendiendo su actuación. Según su comunicado, no había negligencia en la demora: era "gestión administrativa necesaria" para garantizar decisiones sólidas. Respecto al polémico recurso de súplica, explicaron que aunque no es habitual para protocolos de género, "eventualmente puede considerarse" para asegurar un fallo justo. Esa consideración técnica fue exactamente lo que le abrió la puerta a Rivera para presentar la tutela que hoy lo resguarda.

El calvario de Valentina no terminó en el campus. En la Fiscalía las cosas fueron peor. Su denuncia en la URI de Paloquemao se extravió inicialmente. Luego, la fiscal Mónica Vergara, quien había prometido solicitar medida de aseguramiento por acceso carnal abusivo, desistió de hacerlo durante la imputación de cargos. Según Semana, Valentina escribió un memorial para el despacho fiscal donde expresaba su frustración: "Me falló, me engañó... ya no le creo".

Hoy Valentina observa desde afuera cómo su presunto agresor continúa su vida académica sin interrupciones, mientras ella quedó fuera de la institución. La impunidad, en este caso, no llegó por falta de reglas sino por reglas aplicadas tarde, por trámites que llamaron debido proceso, y por una justicia que no le creyó cuando más lo necesitaba.