Bogotá comenzó a ejecutar en febrero los nuevos montos del Ingreso Mínimo Garantizado, un programa que entrega dinero cada mes a las familias más vulnerables. Los cambios más visibles están en los topes máximos de los pagos: bajaron de 905 mil pesos a 472 mil pesos para las familias clasificadas en los niveles más pobres del Sisbén (el sistema que identifica quién recibe subsidios del Estado). Aunque suena a una reducción importante, la Secretaría de Integración Social explica que esto responde a que Bogotá mejoró en indicadores de pobreza, no a un castigo para los necesitados.

Lo que cambió de verdad es cómo el Distrito calcula cuánto dinero necesita cada familia. Hasta el año pasado, si una familia tenía cinco integrantes, Bogotá multiplicaba un valor base por cinco. Ahora usa una escala de equivalencia que reconoce algo obvio: en un hogar de cinco personas, los gastos básicos como servicios públicos o arriendo se reparten entre todos. Por eso el multiplicador bajó a 3,5. Esto optimiza el gasto público, asegura la Secretaría, garantizando que el dinero llegue a quien más lo necesita sin desperdiciar recursos.

Según datos del Dane citados por la administración distrital, la pobreza extrema en Bogotá disminuyó en 1,7 por ciento entre 2023 y 2024, y el ingreso promedio de las familias que reciben estos apoyos subió un 20 por ciento. Estos números justifican el reajuste. A pesar de todo, 318 mil hogares seguirán recibiendo subsidios en 2026 bajo la nueva estructura. En febrero, Bogotá invertirá más de 44 mil millones de pesos en estos pagos, acumulando más de 77 mil millones en lo que va del año.

Los beneficiarios seguirán recibiendo el dinero a través de billeteras digitales como DaviPlata, Nequi, MOVii, Dale! y Bancamía, o retirando en puntos autorizados previo mensaje de confirmación. La Secretaría aclaró que desde 2023 no hacía una revisión de estos montos, y que el cambio también responde a la evolución del programa, que pasó de tener un componente a diez líneas de atención diferentes dirigidas a distintos grupos: jóvenes, personas mayores, ciudadanos con discapacidades y víctimas con pertenencia étnica.

La administración enfatizó que el 78 por ciento de estos núcleos familiares recibe otros incentivos dentro del mismo programa, lo que también influyó en la decisión de ajustar la metodología. La Secretaría recomendó a los beneficiarios verificar sus datos personales en los sistemas oficiales y desconfiar de canales no autorizados que podrían propagar desinformación sobre los cambios.