Frente a los efectos devastadores de la ola invernal que ha golpeado 61 municipios, el Gobierno decidió crear un nuevo impuesto al patrimonio para empresas grandes. El objetivo es financiar la emergencia con un recaudo que podría superar los 8 billones de pesos. La medida fue propuesta mediante decreto de emergencia y está diseñada de forma que bancos y petroleras carguen con la mayor parte de la factura.

El mecanismo es sencillo: cualquier empresa con un patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (aproximadamente 10.474 millones de pesos) deberá pagar un impuesto. Aquí viene el detalle importante. La mayoría de empresas pagaría una tarifa del 0,5% sobre su patrimonio, pero los sectores financiero y minero-energético tienen que pagar el triple: 1,6%. De acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda, esta diferencia hace que bancos y petroleras aporten el 56% del total recaudado, mientras los demás sectores contribuyen con el 44%.

Para que tenga escala real, pongamos ejemplos concretos. Ecopetrol, la empresa petrolera estatal, pagaría aproximadamente 1,33 billones de pesos. Bancolombia, el banco más grande del país, aportaría cerca de 696.000 millones. Son cifras que resuenan, pero que para estas empresas representan menos del 2% de sus patrimonios.

El Gobierno justifica esta estructura arguyendo que el mayor peso debe recaer sobre quienes tienen más capacidad de pago, sin estrechar demasiado a otros sectores productivos que también son importantes para la economía. El ministro de Hacienda explicó que la diferenciación busca "evitar un mayor impacto sobre la producción real y distribuir de manera más equilibrada la carga fiscal derivada de la emergencia".

La razón detrás de este impuesto es práctica: recursos anteriormente disponibles para emergencias fueron suspendidos por fallos judiciales. El Gobierno necesita dinero ya, no en meses. Por eso decidió que este nuevo gravamen arrange en abril de 2026 para tener recursos inmediatos y enfrentar una crisis que no puede esperar trámites legislativos largos.