Los banqueros salieron de la reunión del lunes con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, trayendo una propuesta alternativa para financiar la reconstrucción en las zonas del Caribe afectadas por el frente frío. En lugar de las inversiones forzosas que planteó el Gobierno, las entidades financieras sugieren desplegar "un paquete de alivios para las zonas en emergencia sin precedentes, acompañado de nuevos créditos productivos que permitan una recuperación efectiva", según explicó Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria (la asociación que agrupa a los bancos del país).

La razón detrás del rechazo de los bancos es práctica y directa: si el Gobierno los obliga a invertir recursos en la emergencia, esos bancos trasladarán el costo a los ciudadanos. Según los cálculos de Asobancaria, las tasas de interés para créditos de personas y empresas subirían entre 50 y 100 puntos básicos, que en términos simples significa que hipotecas, créditos para negocios y otros préstamos se encarecerían notablemente. Además, advierten que esto reduciría el crecimiento económico del país en 0,3 puntos porcentuales. Para entenderlo mejor: cuando el crédito es más caro, menos gente compra casa, menos empresarios invierten en sus negocios, y todo el comercio se frena un poco.

La alternativa que presentan apela a lo que ya existe: el Pacto por el Crédito, un acuerdo anterior donde los bancos se comprometieron a desembolsar 250 billones de pesos en créditos para vivienda, agricultura y turismo. Los bancos creen que ese mecanismo es suficiente y que ha mostrado resultados confiables.

Pero el Gobierno ve las cosas muy diferentes. El presidente Gustavo Petro acusa directamente a la banca privada de incumplimiento. "La banca privada me engañó. No desplazó los recursos recaudados a la producción agrícola sino al crédito de consumo y sacaron el dinero del país", señaló Petro. Para el Ejecutivo, esta falta de resultados del Pacto anterior es exactamente la razón por la que la inversión forzosa es necesaria: porque no puede confiar en que los bancos, por voluntad propia, pondrán el dinero donde realmente se necesita.

La discusión refleja la tensión clásica entre el sector financiero y el Gobierno. Los bancos temen que cualquier medida coercitiva les suba costos, lo que terminan pagando los clientes. El Gobierno, por su parte, necesita recursos urgentes para la emergencia y desconfía de que el sector cumpla compromisos voluntarios. Mientras ambos lados defienden sus posiciones, los damnificados del frente frío siguen esperando soluciones concretas.