Después de días de tensión entre el Gobierno y el sector financiero, ambas partes se sentaron a negociar. El lunes, en una reunión convocada por el Ministerio de Hacienda con los principales ejecutivos bancarios del país, llegaron a un acuerdo: trabajarían conjuntamente durante la semana para crear una solución que ayudara a las regiones golpeadas por desastres climáticos sin recurrir a lo que el Gobierno había propuesto originalmente: obligar a los bancos a invertir recursos en esos territorios.

El encuentro reunió al ministro Germán Ávila con figuras clave de la banca como Jonathan Malagón de Asobancaria, María Lorena Gutiérrez del Grupo Aval, Juan Carlos Mora de Bancolombia, Javier Suárez Esparragoza de Davivienda, Mario Pardo Bayona del BBVA y Diego Fernando Prieto del Banco Caja Social. Según Malagón, el tono fue positivo. "La de hoy fue una conversación muy constructiva, tanto en su tono como en su contenido. Lo que estamos explorando con el Gobierno Nacional son alternativas con un propósito muy claro: qué soluciones concretas le podemos llevar a los habitantes que hoy enfrentan esta tragedia de carácter natural", expresó.

Ahora bien, ¿por qué los bancos se opusieron tanto a la idea original del Gobierno? La respuesta está en tu bolsillo. Si el Gobierno obliga a los bancos a invertir de manera forzada, ellos lo compensarán cobrando más caro para prestar dinero. Los bancos proyectaban que las tasas de interés subirían entre 50 y 100 puntos básicos (lo que significa que te cobrarían más por un crédito de vivienda, de vehículo o para tu negocio). Además, estimaban que la economía se contraería hasta 0,3 puntos porcentuales. Es decir, que en lugar de ayudar a las regiones afectadas, se dificultaría que otros colombianos accedieran al crédito.

Por eso la banca presentó su propia solución. En lugar de inversiones forzosas, proponen un paquete de alivios sin precedentes para las zonas en emergencia, acompañado de créditos productivos que permitan que negocios y actividades económicas se recuperen rápidamente. La diferencia es clave: mientras que las inversiones forzosas imponen una obligación, los alivios y créditos productivos son incentivos que respetan cómo funciona normalmente el mercado. Jonathan Malagón enfatizó que "la responsabilidad de nuestros afiliados es proteger esos recursos y generar rendimientos. Prestar sin criterios técnicos no es audacia, es irresponsabilidad".

Los bancos argumentan que su enfoque ya ha funcionado. Desde que comenzó el llamado Pacto por el Crédito, un programa donde el Gobierno incentiva al sector financiero a prestar en sectores estratégicos, se han desembolsado 228 billones de pesos de los 254,7 billones pactados (un cumplimiento del 90%). En vivienda e infraestructura incluso superaron la meta al 119%. Malagón asegura que tienen resultados concretos que comprobarían que ofrecer incentivos funciona mejor que imponer obligaciones.

Durante esta semana se instalarán mesas técnicas donde participarán la Superintendencia Financiera (la entidad que regula a los bancos) y el Viceministerio de Hacienda para estructurar la propuesta definitiva. El objetivo es tener un anuncio concreto a finales de semana o inicios de la próxima. "Hoy nos dimos la mano para trabajar durante toda esta semana y esperamos que esta conversación llegue a buen puerto", concluyó Malagón. La pregunta que queda es si el Gobierno aceptará esta alternativa o insistirá en su propuesta original.