Los bancos colombianos prendieron la alarma. Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, denunció que la insolvencia, una herramienta legal creada para proteger a deudores en crisis real, se está convirtiendo en un mecanismo de fraude organizado. En tan solo diez años, los casos pasaron de 400 a 20.000, un salto de 5.000%. Para este año proyectan que lleguen a 35.000.

La situación es preocupante porque afecta directamente su bolsillo. Cuando muchas personas abusan de la insolvencia para no pagar, los bancos se protegen elevando los requisitos para dar crédito y subiendo las tasas de interés. El resultado: todos pagamos más caro. "El uso indebido de esta figura sin una necesidad real y con propósito de evadir el pago de obligaciones, deteriora la confianza en los deudores, eleva las exigencias para acceder a financiamiento y encarece el costo del crédito", explicó Malagón.

Lo más grave es que detrás hay una estructura delictiva. Los banqueros detectaron lo que llamaron un "cartel de la insolvencia" operado por grupos de abogados y centros de conciliación que recurren a trucos irregulares. Entre las prácticas irregulares está crear deudas falsas con prestanombres (personas que prestan su nombre) para cumplir requisitos legales y lograr acuerdos que perjudican a los acreedores reales.

Iván Cancino, abogado penalista, fue claro sobre las consecuencias: los deudores que hacen trampa, los abogados que los asesoran y los prestanombres incurren en delitos como concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento. Pueden terminar en la cárcel.

Diana Talero, presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal, recordó que la insolvencia fue diseñada específicamente para personas en crisis genuina, no como salida fácil. Los abogados que faciliten estos fraudes pueden perder su tarjeta profesional e ir a prisión.

Santiago Soto Luna & Abogados explicó que para declararse en insolvencia se necesita una mora de al menos 90 días con deudas que representen mínimo 30% del total de pasivos y tener por lo menos dos acreedores. Pero si alguien usa esto para defraudar, enfrenta tanto problemas civiles como penales: liquidación de patrimonio (perder vehículos, inmuebles) y además procesos penales por estafa, fraude procesal o alzamiento de bienes.