Más de tres años han pasado desde que la ley cambió las reglas sobre el 4x1.000, ese impuesto que se cobra cada vez que mueves dinero entre cuentas. La reforma debería haber dejado de cobrar este gravamen a los movimientos grandes, pero la mayoría de colombianos aún lo ve en sus extractos bancarios. Ahora un juzgado de Bogotá tomó cartas en el asunto y abrió una demanda colectiva contra más de 50 entidades financieras, incluyendo los principales bancos del país como Bancolombia, Davivienda y BBVA, además de plataformas digitales como Mercado Pago y RappiPay.

El documento judicial, emitido en agosto de este año, reconoce que los usuarios han sido afectados por este retraso. Lo interesante es que no es culpa de mala fe ni negligencia según explican desde el sector financiero. Jonathan Malagón, presidente de la asociación de bancos colombianos, escribió recientemente que la ley tiene un requisito incómodo: para que el nuevo sistema funcione, el 100 por ciento de las entidades obligadas debe estar conectado. No basta con que la mayoría esté lista. Esto significa que si uno de los jugadores no se conecta, todo el sistema se queda sin operar.

Desde Nu, una de las fintech que denunció públicamente el problema, explicaron que más de 500 días han pasado sin que esto se resuelva. Según sus cálculos, este retraso le está costando alrededor de 800.000 pesos anuales a cada persona que mantiene dinero en cuentas bancarias. Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, fue más optimista al decir que el 98 por ciento del sistema está listo, pero le falta el "banderazo inicial" del gobierno: la Dian y el Ministerio de Hacienda necesitan dar luz verde. "El plazo para hacerlo realidad venció hace meses y hoy la falta de implementación de esta ley se siente más como un error del sistema que como una decisión consciente", manifestaron desde el sector fintech.

Lo cierto es que mientras se resuelve quién tiene razón, los colombianos que hacen transferencias entre sus propias cuentas o a terceros siguen pagando un impuesto que legalmente ya no deberían pagar. La reforma de 2022 permitiría eximir hasta 18 millones 300 mil pesos mensuales de este gravamen, pero la falta de coordinación entre la Dian, el Ministerio de Hacienda, los bancos y las plataformas de pago ha convertido una decisión legal en un caos administrativo que afecta directamente el bolsillo de millones de personas.