La batalla jurídica alrededor de la reforma pensional llegó a un nuevo capítulo. El Banco de la República le escribió al Ministerio de Trabajo hace semanas para advertirle algo incómodo: lo que el gobierno pretende hacer con los ahorros de los pensionados no está permitido por la ley vigente. En una carta enviada el 11 de marzo, la entidad que controla la moneda fue claro en su mensaje: trasladar estos recursos a Colpensiones, como lo planteaba el proyecto de decreto, "excedería las facultades reglamentarias del Gobierno".

¿Qué está en juego? El Ministerio de Trabajo busca mover aproximadamente 25 billones de pesos que corresponden a los ahorros de personas que usaron la llamada ventana de oportunidad para cambiar de sistema pensional. Según Colpensiones, casi 120 mil personas se han acogido a esta opción desde que se abrió, y de ellas más de 22 mil ya están en edad de jubilación. El gobierno estimó que necesitaba gastar 15,3 billones de pesos solo para pagar las pensiones de quienes ya califican.

El problema es que la ley actual dice algo distinto. Según la normativa vigente, esos ahorros deben permanecer bajo la administración de las AFP (administradoras de fondos privados) hasta el momento en que la persona acceda efectivamente a su pensión. El Banco de la República fue enfático: mientras no se apruebe la reforma pensional que el Congreso aún discute, el sistema debe funcionar con las reglas que existen hoy.

Desde que salió a la luz el borrador del decreto hace dos semanas, los gremios del sector ya habían cuestionado su validez. Andrés Velasco, presidente de Asofondos (asociación que reúne los fondos de pensiones), fue uno de los primeros en alertar que el documento sería ilegal porque viola lo que establece la norma actual. El decreto continúa habilitado para recibir comentarios mientras el gobierno evalúa los cuestionamientos.

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