Los ganaderos colombianos levantaron la voz esta semana contra lo que consideran aumentos desmedidos en el valor catastral de sus tierras. La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) reportó que en varias regiones del país los avalúos de predios rurales están subiendo más del mil por ciento, lo que directamente impacta lo que deben pagar en impuesto predial.

¿Qué significa esto en la práctica? Imagina que tu tierra estaba avaluada en 100 millones de pesos. Con estos aumentos, ahora puede llegar a más de mil millones de pesos. Eso no es solo un número en un papel: se traduce en impuestos mucho más altos que afectan la capacidad de reinvertir en la finca y mantener la producción competitiva.

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, fue claro en su denuncia: "En no pocos casos, el reajuste de los avalúos y la consecuente liquidación y pago del impuesto predial alcanza 1.000 por ciento y hasta más para los propietarios de los predios rurales que se encuentran inmersos en las zonas geoeconómicas homogéneas". El dirigente ya solicitó una reunión con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), la entidad encargada de estos avalúos, para discutir lo ocurrido.

Lo que reclama el gremio ganadero es que estos reajustes no toman en cuenta la realidad del campo colombiano. Lafaurie explicó que "la inseguridad, la falta de infraestructura y, en general, el acceso a los bienes y servicios públicos requeridos para una adecuada actividad productiva hacen que la labor del campo y en especial de la ganadería sea mucho más compleja y con poca rentabilidad". En otras palabras, si una región tiene problemas de seguridad, vías deterioradas y sin acceso a servicios básicos, eso reduce significativamente lo que realmente se puede producir en esa tierra, y por tanto su valor real.

Los ganaderos también se apoyan en la Ley 101 de 1993, que establece que los avalúos catastrales deben reflejar únicamente la capacidad productiva de la tierra, no especulación sobre su precio. Desde la perspectiva del sector, estos aumentos del mil por ciento van contra esa premisa legal y generan un efecto doble negativo: suben los costos fijos de operación y reducen la rentabilidad de actividades que ya están bajo presión.