Aval Asset Management, la filial de gestión de inversiones del Grupo Aval, está administrando casi 547 mil millones de pesos en 99 proyectos de infraestructura y servicios bajo el mecanismo de "Obras por Impuestos". En términos sencillos: en lugar de que las empresas paguen sus impuestos al Estado en efectivo, pueden financiar obras concretas como escuelas, carreteras o sistemas de agua en regiones que lo necesitan.

El portafolio se divide principalmente en dos sectores. La educación lleva la delantera con 44 proyectos que suman 215 mil millones de pesos (casi el 40% del total), mientras que la infraestructura vial concentra 31 proyectos por 214 mil millones de pesos (también cerca del 39%). Juntos, estos dos sectores absorben casi el 80% de los recursos que Aval está administrando. Los proyectos restantes van en energía, tecnología y telecomunicaciones, esparcidos en territorios como Antioquia, Santander, Tolima, Cundinamarca, La Guajira y Valle del Cauca.

El costo promedio de cada proyecto ronda los 5.500 millones de pesos, aunque hay mucha variación. Los más pequeños tienen un presupuesto de unos 600 millones, mientras que el más grande supera los 42 mil millones. Dos obras destacadas son la vía Moreneros-Acueducto Aqualia en Riohacha, que costará 42.437 millones de pesos, y la reconstrucción de una institución educativa en Riofrío (Valle del Cauca) por 32.656 millones de pesos.

Alejandro Gómez, presidente de Aval Asset Management, explicó que "Obras por Impuestos se está consolidando como una herramienta estratégica para las empresas que quieren llevar su inversión social a un terreno más concreto, medible y conectado con las necesidades de los territorios". Según Gómez, la compañía proporciona una estructura fiduciaria que garantiza que el dinero se maneje con transparencia y rigor técnico.

La mayoría de estos proyectos, 73 de los 99, se ejecutan bajo la modalidad de fiducia, que significa constituir un patrimonio autónomo para que terceros administren los recursos de forma independiente. Esto representa 417 mil millones de pesos (76% del valor total) y permite que los desembolsos se hagan conforme avanza la obra, sin que la empresa controle directamente el dinero.

El mecanismo sigue creciendo en relevancia. Para 2025, la Agencia de Renovación del Territorio aprobó un cupo de 1,1 billones de pesos para Obras por Impuestos a nivel nacional. Bogotá también entró al juego: en febrero de 2026 reglamentó la modalidad de fiducia para que contribuyentes puedan destinar parte de sus impuestos distritales a proyectos prioritarios de la ciudad. En otras palabras, empresas grandes pueden transformar dinero que de todas formas tendrían que pagar como impuestos en colegios, carreteras y servicios que las comunidades realmente necesitan.