En el lío de las pensiones privadas versus públicas, Asofondos volvió a tocar la alarma. La asociación que agrupa a los fondos de pensiones privados denunció que un decreto reciente del Gobierno estaría forzando un traslado anticipado de dineros desde las administradoras privadas hacia Colpensiones, la entidad pública. El problema, dicen, es que esto va contra lo que estableció el Congreso en la Ley 2381 de 2024.

Para entender el enredo: esa ley de hace dos años sí permitió que personas cerca de jubilarse pudieran cambiar sus ahorros del sistema privado al público, pero con una condición clave. El dinero debe permanecer en las administradoras privadas hasta que efectivamente se tramite y reconozca la pensión, y solo después irse a donde Colpensiones lo administre. Además, la ley exige que cualquiera que quiera hacer ese cambio reciba orientación independiente dos veces, para que sepa bien qué está firmando. Nada de apurarse.

Pero según Asofondos, el Decreto 415 de 2026 que el Gobierno expidió recientemente está pidiendo que esos recursos se muevan ya mismo hacia Colpensiones, sin esperar ese paso de la pensión reconocida. Para el gremio, eso es reescribir la ley por decreto, algo que legalmente no se puede hacer. Es como si alguien dijera "la ley dice A, pero yo por decreto digo B". No funciona así.

Lo interesante es que Asofondos no está solo en la preocupación. El Banco de la República, que es quien maneja el dinero cuando sale del sistema privado, alertó que trasladar recursos así de rápido podría desestabilizar los mercados financieros, especialmente en los bonos del Estado (los llamados TES, que es donde los fondos de pensiones invierten buena parte del dinero). La Procuraduría también metió cucharada: dijo que los ahorros pensionales tienen una protección especial en la ley y que un decreto no puede cambiar eso. Incluso la Contraloría advirtió que meter esos recursos al fisco podría convertirse en gasto corriente, agravando el pasivo pensional del Estado.

Con números concretos: alrededor de 120.000 colombianos ya han solicitado trasladarse de lo privado a Colpensiones bajo las reglas de la Ley 2381. De esos, unos 100.000 son trabajadores activos que aportan cerca de 690.000 millones de pesos al año, y 20.000 son ya pensionados que reciben unos 450.000 millones en mesadas anuales. Asofondos aclaró que las administradoras privadas no se quedan con comisión por guardar ese dinero, así que no es un asunto de que pierdan ingresos.

Recientemente, el Consejo de Estado ordenó pausar parcialmente el decreto que causa toda esta polémica, lo cual Asofondos celebró. Ahora la asociación le pidió a la Corte Constitucional que se pronuncie de una vez por todas sobre cómo debe funcionar este traslado, para que todos sepan a qué atenerse y dejar de vivir en esta incertidumbre legal que, al final, es el que se lleva la peor parte: el pensionado.