Argentina se prepara para un paro general de 24 horas que dejará al país prácticamente paralizado. La Confederación General del Trabajo confirmó la medida para el día exacto en que la Cámara de Diputados debata la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Será la cuarta vez que los trabajadores paran desde el inicio de este mandato presidencial, una señal clara del nivel de confrontación que ha alcanzado la agenda económica del país.

El punto más polémico de esta reforma está en el artículo 44, que ya pasó por el Senado. La propuesta establece que cuando un trabajador se enferma o sufre un accidente que no está relacionado con su labor, recibiría entre un 50% y un 75% de su salario durante la licencia. Dicho de otra forma: si usted se quiebra una pierna esquiando o se contagia de gripe fuera del trabajo, su empresa puede pagarle menos mientras se recupera. Para los sindicatos, esto representa un retroceso en derechos que llevaba décadas consolidados en Argentina. El Gobierno busca aprobar la ley antes del 27 de febrero, por lo que el debate en Diputados podría ocurrir el 19 o el 25 de febrero, dependiendo del cronograma legislativo.

Pero donde los argentinos sentirán el paro en la piel es en el transporte. Prácticamente todas las organizaciones del sector confirmaron su adhesión total: desde los conductores de colectivos hasta los choferes de taxi, pasando por los maquinistas de trenes y pilotos de aviones. La Unión Tranviarios Automotor, La Fraternidad, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y otras agrupaciones garantizaron que no habrá movimiento durante 24 horas. El único signo de interrogación está en el subte porteño, cuyos delegados aún no han definido formalmente su postura, aunque se espera que se sumen como lo hicieron parcialmente el 11 de febrero cuando el Senado debatió la reforma.

Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, fue claro en sus declaraciones: "Nosotros tenemos el derecho de protestar, el derecho de no trabajar, el derecho de parar". Para él, este derecho está respaldado por la Constitución argentina. Aunque la CGT decidió no convocar a movilizaciones en las inmediaciones del Congreso, sí garantizó que habrá "libertad de acción de los sindicatos", lo que deja abierta la puerta a acciones de protesta que cada gremio considere necesarias.

Lo que realmente preocupa a los líderes sindicales es que ven esta reforma como el primer paso de una escalada. Maturano advirtió públicamente que si se aprueba esta ley, el Gobierno podría avanzar con otros cambios que reestructuren derechos laborales consolidados. En su mira están modificaciones a la Ley de Asociaciones Sindicales y una eventual reforma previsional, lo que en conjunto representaría una batería de iniciativas que, desde la perspectiva obrera, busca desmantelar las protecciones que los trabajadores ganaron a lo largo de décadas. Esta es la lectura que los sindicatos tienen del proyecto de Milei: no es solo esta reforma, sino el comienzo de una transformación profunda en las relaciones laborales argentinas.