Argentina acaba de cruzar un punto de quiebre en su regulación laboral. Esta semana, el Congreso dio media sanción a una reforma impulsada por el presidente Javier Milei que redefine casi todo sobre cómo se trabaja en el país. Para el gobierno, es modernización urgente. Para los sindicatos, es un retroceso que equipara a los trabajadores con sus jefes como si tuvieran el mismo poder para negociar, lo cual simplemente no es cierto.

El debate fue intenso. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto mientras afuera se convocaba un paro general de la Central General de los Trabajadores, la principal organización sindical argentina. Los puntos más polémicos son tres: primero, la jornada laboral podría extenderse de 8 a 12 horas diarias sin pagar horas extra. La empresa compensaría esas horas con días libres en lugar de dinero. En teoría suena flexible, pero en la práctica significa que muchos trabajadores que ya laboran más de lo legal podrían seguir haciéndolo sin cobrar un peso adicional. Segundo, las indemnizaciones por despido cambiarían de fórmula. Quedarían excluidas vacaciones, premios y otros conceptos, lo que reduciría significativamente lo que un trabajador cobra si lo echan. El gobierno dice que así se evita una "industria del juicio laboral" donde los montos se multiplicaban por decenas. Tercero, las licencias por enfermedad se recortarían del 100% del salario a porcentajes menores, aunque esto fue eliminado en la votación y deberá volver al Senado.

Para entender qué significa esto en el bolsillo real del colombiano que mira a Argentina, hay que comprender dónde está Argentina ahora. Casi la mitad de los trabajadores argentinos están en la informalidad, sin derechos laborales garantizados. Eso equivale a casi 6 millones de personas sin cobertura de salud, sin licencias por enfermedad pagadas, sin indemnizaciones si las despiden. Entre los menores de 29 años, casi 6 de cada 10 no tienen empleo formal. La precarización ha crecido durante 13 años. Entonces el gobierno viene y dice: si hacemos más fácil contratar, las empresas contratarán más gente. Ofrece beneficios fiscales para empresas que contrataban desempleados o gente de la calle.

Pero aquí está el problema que plantean los críticos: una ley laboral débil no convierte a alguien de la informalidad a la formalidad. Un empleador informal no contrata porque la ley sea flexible; contrata cuando hay clientes que le compren y cuando sus márgenes de ganancia lo permiten. El abogado laboralista Miguel Ángel Maza, especialista en estos temas, explica que "el derecho laboral no es un invento peronista, nace de reconocer que el trabajador, individualmente, no puede negociar de igual a igual con el empleador". La reforma, dice, esconde una creencia ideológica de que el trabajo es como cualquier negocio entre dos partes con igual poder, cuando la realidad es distinta.

El gobierno sostiene que la legislación vigente en Argentina viene de los años 1970 y refleja un mundo de empleados administrativos y obreros de fábrica, no el presente con plataformas digitales y economía moderna. Milei define su enfoque como eliminar políticas proteccionistas que encarecían los productos. La industria argentina ha perdido casi 65 mil empleos calificados en dos años, entonces entienden que hay que mover las reglas. Desde la Oficina Presidencial dijeron que esta es "una reforma estructural destinada a actualizar un sistema que durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal".

Los opositores, en cambio, advierten que esto hará que muchos más trabajadores sean despedidos. "Me parece que esta reforma no valdrá la pena, que no va a cambiar las cosas", concluyó Maza, el especialista. Los gobernadores peronistas de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa y otras provincias se pronunciaron en contra. El diputado opositor Germán Martínez la llamó "horrible y absolutamente inconstitucional". Los sindicatos fueron aún más crudos: "los derechos no se negocian", sentenció la CGT.

El proyecto ahora debe volver al Senado porque el gobierno mismo eliminó un artículo controversial sobre licencias médicas. Una vez que lo apruebe, será ley. Argentina está apostando a que flexibilizar es el camino al empleo formal. Sus detractores creen que solo generará más precarización en un país que ya tiene la mitad de su población laboral en la informalidad. Los números dirán quién tenía razón.