El Gobierno tiene un dilema fiscal complicado: necesita dinero ahora, pero los economistas le advierten que conseguirlo con un impuesto al patrimonio podría costarle caro después. Esa es la conclusión del centro de estudios Anif, que analizó la propuesta de crear un nuevo gravamen sobre empresas con patrimonios líquidos superiores a 200 mil UVT, algo así como 10.475 millones de pesos. Se trata de personas jurídicas, es decir, empresas, no de ciudadanos comunes.

El impuesto funcionaría así: las empresas pagarían 0,6% sobre sus patrimonios hasta cierto punto, y luego 1,2% sobre lo que supere ese límite. Suena moderado, pero Anif calcula que el recaudo podría llegar a 13,4 billones de pesos, bastante más de los 8 billones que el Gobierno esperaba sacar. Aquí viene lo preocupante: si se suma este nuevo dinero al impuesto de renta que ya pagan las empresas (unos 70,6 billones en 2024), la carga tributaria total podría pasar de casi 30% a más de 35% del patrimonio empresarial. Es decir, casi 6 puntos porcentuales más.

Pero el problema real no es solo el dinero que sale del bolsillo empresarial hoy. Según Anif, "el impuesto al patrimonio puede reducir la expansión empresarial y enviar una señal negativa a capitales extranjeros". Cuando una empresa tiene que pagar impuestos sobre lo que ya acumuló, la motivación para comprar máquinas nuevas, abrir sucursales o crecer se reduce. Es como si gravaran tu casa para que no ahorres para invertir en un negocio: el dinero disponible simplemente disminuye.

Colombia ya vivió esto. En 2011, el país aplicó un impuesto parecido durante otra crisis, pero con tasas más altas (entre 1% y 4,8%). Los estudios posteriores mostraron resultados decepcionantes: las empresas afectadas invirtieron menos y también les costó más caro endeudarse. A nivel mundial, solo cinco países mantienen algún impuesto al patrimonio empresarial (entre ellos Suiza, Argentina y Luxemburgo), y generalmente con porcentajes inferiores al 1%. Que sea tan raro en el mundo es señal de que pocos gobiernos consideran que funcione bien.

La emergencia económica en ocho departamentos del país permitió al Gobierno impulsar esta medida por decreto, un mecanismo excepcional que tiene límites constitucionales. El debate, entonces, es directo: ¿vale la pena tener más plata hoy si mañana hay menos inversión, menos empleo y menos competitividad? Anif plantea la pregunta, pero es el Gobierno el que tiene que responderla.