Aunque muchos colombianos creen que el Gobierno no actúa frente a incumplimientos en infraestructura, los números muestran una realidad diferente. La Agencia Nacional de Infraestructura ha aplicado la mano dura a contratistas que no cumplen sus obligaciones. En un reporte consolidado, la ANI reveló que entre 2020 y 2025 impuso 41 sanciones a empresas e interventorías responsables de proyectos de transporte, por un total de más de 250 mil millones de pesos, además de 12,6 millones de dólares. Estas penalizaciones se distribuyen entre concesionarios que ejecutan las obras, firmas supervisoras y contratistas especializados.

Las sanciones se aplican cuando hay incumplimientos en compromisos técnicos, operativos o financieros establecidos en los contratos. En otras palabras: cuando las empresas no entregan lo que prometieron. El mayor número de castigos económicos cayó sobre el sector portuario. De las 41 sanciones totales, 24 corresponden a concesiones marítimas donde operadores privados administran terminales y realizan operaciones de carga y descarga. Estas penalizaciones sumaron 36,880 millones de pesos y 16,6 millones de dólares a los concesionarios, más 35,8 millones de pesos a una firma supervisora que también incumplió.

En el sector férreo, aunque hay menos casos sancionados (solo dos empresas), el monto es considerablemente alto. Ambas concesionarias ferroviarias fueron multadas con más de 100 mil millones de pesos por incumplimientos en la operación y mantenimiento de los corredores férreos del país. En las vías tradicionales, la ANI aplicó siete sanciones que sumaron 2,176 millones de pesos. Empresas como Vías de las Américas, Coviandes y Nuevo Cauca fueron sancionadas por incumplimientos en construcción, operación o mantenimiento de sus respectivos corredores viales.

Finalmente, hubo seis sanciones a contratistas por servicios especializados, como consultorías y asistencia técnica, por un valor de 627 millones de pesos. Para los ciudadanos que dependen de estas obras, estos castigos económicos son importantes porque obligan a las empresas a cumplir lo pactado o enfrentar consecuencias financieras reales.