Andrew Mountbatten-Windsor lleva años fuera de los reflectores públicos, pero la tormenta acaba de alcanzarlo. Las autoridades británicas lo detuvieron en febrero acusándolo de mala conducta en un cargo público, convirtiéndolo en el primer miembro de la Familia Real arrestado en casi 380 años. Los investigadores apuntan a sus decisiones cuando se desempeñaba como enviado especial de Comercio entre 2001 y 2011, período en el que presuntamente filtró información confidencial al financista Jeffrey Epstein.

Lo paradójico es que Andrew sigue siendo octavo en la línea de sucesión al trono, aunque la probabilidad de que alguna vez llegue a coronarse es astronómica. Delante de él están el príncipe William, sus tres hijos, su hermano Harry y otros familiares. Pero eso no importa al público británico. El 82% de los ciudadanos consultados por encuestas recientes pide su eliminación de la línea de sucesión, como un acto de principios más que de urgencia práctica.

El problema es más complicado de lo que parece. Si Andrew fuera condenado, removerlo de la línea requeriría cambios constitucionales. Y aquí viene lo delicado: el Reino Unido no puede hacer esto solo. Los 14 países restantes donde Carlos III es monarca formalmente, como Canadá, Australia y Nueva Zelanda, tendrían que estar de acuerdo. El Dr. Craig Prescott, experto constitucional, explica que "se trata de una convención constitucional que requiere el acuerdo de los 15 países antes de proceder con cualquier cambio". Cada nación tendría que modificar su propia legislación.

Aquí emerge el verdadero peligro político. Varios historiadores y analistas advierten que abrir este debate podría ser la excusa perfecta para que Jamaica, Barbados y otras naciones caribeñas levanten sus propias demandas. El historiador real Rafe Heydel-Mankoo lo previó claramente: "Debatir sobre la sucesión provocaría una nueva presión de los republicanos de la Commonwealth para exigir la abolición de la monarquía en su país. Una o más naciones caribeñas podrían exigir reparaciones por la esclavitud y el colonialismo como condición para aceptar el cambio". Australia y Nueva Zelanda ya han expresado su apoyo al cambio, pero otros países podrían usar esta oportunidad para negociar indemnizaciones históricas.

El Parlamento británico ha estado extraordinariamente franco. En un debate sin precedentes, el ministro de Comercio Chris Bryant describió a Andrew con palabras que nunca antes se habían escuchado sobre un miembro de la realeza en Westminster. Lo llamó "grosero y arrogante", un hombre en "constante búsqueda de autoengrandecimiento". Su colega Ed Davey, jefe de los Liberales Demócratas, fue aún más allá, revelando que Peter Mandelson presionó al primer ministro Tony Blair para que nombrara a Andrew. Lo preocupante: Mandelson era amigo de Epstein, y Andrew también lo era, y "un amigo de Epstein presionaba para que otro amigo de Epstein ocupara un puesto, un puesto que podría enriquecer a Epstein".

Aunque las investigaciones se centran en su conducta laboral hace 25 años, el verdadero escándalo que persigue a Andrew permanece en la sombra oficial. No está siendo investigado por las acusaciones de abuso sexual ni por su presunta participación en la red de tráfico de mujeres de Epstein. Virginia Giuffre llegó a un acuerdo millonario con él en Nueva York hace años para evitar un juicio civil. Otra mujer ha denunciado haber sido traficada al Reino Unido en 2010 para un encuentro sexual con él, orquestado por Epstein. El Telegraph reporta que diez policías regionales adelantan investigaciones paralelas, algunas relacionadas con la posibilidad de que niñas explotadas fueran llevadas a través del Reino Unido y presentadas al exduque.

El líder del movimiento republicano británico, Graham Smith, es claro sobre lo que realmente importa: "Lo realmente tóxico son las acusaciones de abuso sexual y librarse de eso no va a ser imposible". La ironía es que mientras el gobierno, el monarca y todos los partidos políticos expresan su "voluntad" de actualizar la ley, el Palacio de Buckingham mantiene distancia estratégica. Según el Times, una fuente del palacio afirmó que "el asunto de remover a Mountbatten-Windsor de la línea de sucesión es puramente un asunto del Parlamento y nunca nos interpondríamos en ese camino ni nos opondríamos a la voluntad del Parlamento". Traducción: que el Parlamento asuma la responsabilidad política de este movimiento.