Almacenes Flamingo da un paso importante para salir adelante. La Superintendencia de Sociedades admitió el 13 de febrero de 2026 el trámite de validación judicial del Acuerdo Extrajudicial de Reorganización de la cadena comercial, un mecanismo que busca ordenar sus deudas y garantizar que la empresa continúe funcionando. Esta decisión llega después de que más de quinientos acreedores de la firma aprobaran el acuerdo con una votación aplastante del 90,78%, muy por encima de lo que la ley exige.

La negociación se adelantó bajo el Procedimiento de Recuperación Empresarial ante la Cámara de Comercio de Medellín. Con corte a noviembre de 2025, los números muestran una empresa con activos por $361.188 millones pero endeudada en $339.726 millones, incluyendo obligaciones con trabajadores, el fisco y entidades parafiscales (organismos de seguridad social). El acuerdo prioriza el pago de estas deudas laborales, fiscales y parafiscales, que son las más sensibles.

El esquema de pago es por fases. Los acreedores garantizados (aquellos que tienen hipotecas u otras garantías) mantienen sus condiciones originales, respetando la ley. Para proveedores y otras obligaciones, habrá un pago inicial proporcional con dineros que se liberen, y luego un programa de amortización gradual que arranca en 2028. Los acreedores sin garantía (llamados quirografarios) recibirán pagos diferidos en años posteriores, con una tasa de interés reducida en ambos casos.

Vale la pena recordar que durante 2025, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) investigó a Almacenes Flamingo por prácticas en su servicio de financiación. Las autoridades encontraron que entre noviembre de 2022 y enero de 2024, la empresa cobró tasas de interés que superaban los límites permitidos por la ley colombiana. Además, faltó información clara en los contratos: no incluyeron la descripción detallada de lo que vendían, las tasas expresadas como interés anual efectivo, ni la tasa máxima legal del momento del contrato.

Según Billy Escobar, superintendente de Sociedades, este proceso es "un paso decisivo para asegurar la viabilidad financiera de la compañía y la adecuada protección del crédito". Escobar resaltó que "un acuerdo aprobado por una mayoría tan significativa demuestra la confianza de los acreedores en la capacidad de la empresa para cumplir sus compromisos bajo un esquema legal de reorganización", y subrayó que "refleja la utilidad del régimen concursal como herramienta para preservar unidades productivas, proteger el empleo y evitar la destrucción innecesaria de valor."