La Procuraduría General de la Nación recibió una solicitud para intervenir de forma preventiva en lo que sucede con Nueva EPS. Gabriel Jaime Vallejo, director nacional del Centro Democrático, presentó la petición tras denuncias sobre presuntos vacíos legales en el proceso de intervención de esta entidad de salud. Lo que preocupa es que Nueva EPS cubre a más de 11,5 millones de afiliados en Colombia, lo que convierte cualquier irregularidad en un asunto de alcance nacional.

El documento presentado a la Procuraduría cuestiona varios aspectos del proceso. En primer lugar, sugiere que la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), encargada de vigilar el sistema, no habría cumplido correctamente con los procedimientos administrativos establecidos para ordenar la toma de control de la EPS. Además, alerta sobre la ausencia de soportes documentales que respalden que se haya completado el trámite que justificó esta medida especial. En otras palabras, faltarían los papeles que demuestren que todo se hizo conforme a la ley.

Las irregularidades también se extienden al nombramiento del nuevo interventor, Jorge Iván Ospina Gómez. Según la denuncia, esta persona no figura en el registro oficial Rilco que exige la normativa, y además no cumpliría con los requisitos de experiencia e idoneidad que demanda administrar una entidad tan grande. Esto refuerza la hipótesis de que el proceso administrativo adelantado habría tenido defectos desde el principio.

Hay otro punto que genera preocupación: quién ha manejado la representación legal, el dinero y los asuntos judiciales de Nueva EPS después de que vencieron los períodos de intervención anteriores. La medida de intervención se ordenó en abril de 2024 y se prorrogó en abril de 2025, lo que abre dudas sobre la continuidad legal de quien administraba la entidad.

Lo que está en juego aquí es el acceso a la salud de millones de colombianos. Nueva EPS no es cualquier entidad: maneja más del 20% de las atenciones en salud del país y tiene presencia en todos los municipios, incluso en territorios apartados donde es determinante. Por eso la solicitud enfatiza que la Procuraduría haga una inspección presencial inmediata y exija la entrega de información sin demoras.

El objetivo es verificar que los funcionarios de la Superintendencia cumplieron cabalmente con el marco jurídico al tomar sus decisiones. Si se confirman irregularidades, la Procuraduría podría consolidar informes que tengan incidencia disciplinaria, que serían trasladados a las autoridades competentes para determinar responsabilidades. Mientras tanto, se solicita un seguimiento integral de Nueva EPS en los frentes administrativo, financiero y asistencial para asegurar que los servicios de salud continúen funcionando sin interrupciones.