El Gobierno está considerando una medida que podría sacar 25 billones de pesos del bolsillo de los ahorros pensionales de los colombianos. Según un borrador del Ministerio del Trabajo, las AFP tendrían 15 días para transferir todos los ahorros acumulados de sus afiliados que decidan pasarse a Colpensiones, sin esperar a que estos trabajadores cumplan los requisitos para pensionarse.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, saca la alarma. El análisis de este centro de estudios señala que aunque los derechos individuales de cada persona se mantendrían intactos, sacar ese dinero ahora en lugar de dejarlo invertido causaría un daño financiero grave. Estos 25 billones están diseñados para financiar el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que es como una hucha nacional para las pensiones futuras de trabajadores que ganan hasta 2,3 salarios mínimos. Si se sacan ahora, ese fondo quedaría más débil.

Lo preocupante es qué pasaría después. Anif explica que Colpensiones usaría esos recursos para pagar las pensiones de las personas jubiladas en este momento, no para ahorrar dinero para futuras jubilaciones. Esto significa que en algunos años, cuando se acabe ese dinero, el faltante tendría que cubrirse con impuestos o con dinero del Presupuesto General de la Nación. En otras palabras: el gasto se traslada de ahora para después, pero alguien tendrá que pagarlo.

Hay otro problema más inmediato. Anif calcula que unos 17,5 billones de esos 25 billones están invertidos en bonos de deuda pública del Gobierno. Si hay que vender rápidamente tantos bonos en el mercado, sus precios caerían y las tasas de interés subirían. Esto encarecería los préstamos del Estado justo cuando el país ya está gastando mucho dinero para pagar lo que debe. Es como cuando alguien necesita vender muchas cosas rápidamente: la gente ofrece menos dinero.

La Anif también cuestiona si esto es legal. Según el análisis, una ley aprobada hace poco establece que el dinero en las cuentas individuales de pensiones debe seguir siendo administrado por las AFP hasta que la persona cumpla los requisitos para pensionarse. Un decreto del Ministerio del Trabajo podría no tener autoridad para cambiar eso, lo que podría generar conflictos legales.