Si pediste prestado dinero que no puedes pagar, el sistema ahora tiene una salida legal llamada insolvencia. El problema es que cada vez más colombianos la están usando, y no siempre de buena fe. El Fondo de Garantías FGA acaba de sonar la alarma: si el ritmo actual continúa, hacia fin de año podrían haber casi 26.600 solicitudes de insolvencia en el país, una cifra que supera ampliamente lo que se veía hace poco tiempo.

Los números hablan por sí solos. En 2024 se presentaron 10.441 solicitudes de insolvencia. En 2025, esa cifra saltó a 18.726 casos. Es un crecimiento de 76 por ciento en apenas un año. Y lo más preocupante: a mitad de 2026 ya se habían superado los 9.500 casos, lo que proyecta un cierre del año cercano a los 26.640.

¿Qué pasó? En primer lugar, una nueva ley. La Ley 2445 de 2025 amplió quiénes pueden acudir a la insolvencia. Antes era un camino más restringido; ahora personas naturales y pequeños comerciantes pueden usarla como mecanismo para regularizar deudas. En teoría, es una herramienta positiva. "La insolvencia no puede entenderse como una forma de evadir obligaciones, sino como una herramienta para recuperar el orden financiero y preservar la confianza entre deudores y acreedores", explicó Adriana Correa Restrepo, vicepresidenta corporativa de FGA Fondo de Garantías.

Pero hay un pero. Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, la asociación que agrupa a los bancos, denunció lo que llamó "el cartel de la insolvencia": redes de prácticas oportunistas que, según él, están instrumentalizando el proceso para defraudar a los acreedores. "Ha emergido lo que hemos denominado el cartel de la insolvencia, una red de prácticas oportunistas que instrumentaliza el proceso para defraudar a los acreedores mediante la declaración de acreencias ficticias y maniobras que aprovechan vacíos normativos y debilidades operativas", explicó Malagón. En cifras claras: las solicitudes crecieron más de 44 veces desde 2016.

El impacto real toca tu bolsillo. Si las insolvencias se descontrolan, los bancos se vuelven más cautelosos: suben las tasas de interés, piden más requisitos para prestar, y el acceso al crédito se endurece. También afecta la cultura de pago en el país y la confianza que los acreedores tienen en que la gente cumpla sus compromisos. En un mercado donde la confianza es la base del crédito, esto es grave.