El Gobierno Nacional aprobó este 24 de marzo la Resolución CRA 1032, un nuevo marco tarifario para acueducto y alcantarillado que aplica a los 189 prestadores grandes del país. La medida beneficia a aproximadamente 30 millones de usuarios, principalmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Valledupar y Leticia. Pero aquí viene lo importante: mientras los grandes centros urbanos ya tienen regulación, el otro 40% de los colombianos que vive en zonas rurales o es atendido por pequeños prestadores comunitarios tendrá que esperar hasta mayo para saber qué sucede con su agua.

La viceministra de Vivienda, Ruth Quevedo, explicó que este marco fue producto de más de tres años de trabajo que incluyó participación ciudadana en foros regionales. Se consolidaron 1.631 comentarios de ciudadanos, empresas, académicos y autoridades en lo que llamaron 62 líneas de respuesta. La ministra Helga María Hernández celebró la expedición como un avance hacia "un instrumento para que los temas de agua y saneamiento lleguen de una manera más equitativa".

Uno de los cambios concretos que afectaría el bolsillo de los usuarios es cómo se cobran las obras. Bajo la regulación anterior, las empresas de agua podían trasladar a la factura el costo de proyectos que nunca ejecutaban. El nuevo sistema lo corrige: solo se cobra por inversiones que realmente se hagan, y ese cálculo se revisa año a año. "No tiene sentido que al usuario se le cobre por cosas que no se han hecho, que no se han materializado", señaló Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos.

Sin embargo, cuando se preguntó cuándo exactamente bajarán o subirán las tarifas en la factura del colombiano promedio, los funcionarios fueron esquivos. La viceministra apenas mencionó que "algunos componentes de la tarifa hace que las tarifas vayan a disminuir" porque el costo del capital bajó en los últimos años. Pero no hay cifras ni compromisos de cuánto será ese cambio. El impacto real no llegará hasta enero de 2027, cuando arranque el primer año tarifario regulatorio después de una etapa de alistamiento hasta junio de este año.

El Estado fortalecerá su rol de vigilancia: la Superintendencia de Servicios Públicos será quien controle que los 189 prestadores cumplan con metas de calidad, continuidad y cobertura para esos 30 millones de hogares. La regulación se aplicará de manera flexible en cuatro segmentos diferentes, reconociendo que cada prestador enfrenta realidades distintas según su zona geográfica y capacidad operativa.

Detrás de esta nueva tarifa hay presión de inversión. Según reportes del Viceministerio, hay 1.459 proyectos de agua y alcantarillado en evaluación por un monto total de 23,5 billones de pesos. El 88% de eso (20,8 billones) se ha solicitado como aporte directo de la Nación, lo que significa que una parte importante del costo de las nuevas obras buscará financiamiento público antes de trasladarse a las facturas.