La industria de fondos de pensiones colombiana prendió las alarmas esta semana durante su congreso anual. El sistema, que acumula cerca de 548 billones en ahorros de trabajadores, enfrenta cambios regulatorios que sus administradores consideran un riesgo serio para el bolsillo de los colombianos.

Santiago García, presidente de Asofondos y ejecutivo del fondo Skandia, explicó en el evento que las AFP han mostrado un desempeño consistente durante tres décadas. Los fondos de mayor riesgo han rentado en promedio 10,3% anual, los moderados 9,7% y los conservadores 7,9%. Pero más allá de los números, lo que preocupa al sector es el rol del ahorro pensional en la economía. Las AFP financian 43% de los proyectos de inversión privada en infraestructura y energía, poseen 32% de los bonos del Estado y participan con 15% en el mercado de acciones. Simplemente puesto: sin estas inversiones, muchos proyectos en el país no se realizarían.

El problema está en decisiones recientes del Gobierno. Dos decretos nuevos limitan el tipo de inversiones que pueden hacer las AFP en el exterior y trasladaron costos que antes pagaba la industria directamente a los afiliados. El resultado, según Asofondos, es que los trabajadores que quieran acceder a una pensión pagarían 57% más caro en el próximo año. Además, cambios en las reglas de traspasos entre fondos podrían obligar a vender aceleradamente hasta 25 billones en activos, lo que presionaría a la baja los precios en el mercado de capitales colombiano.

García fue claro en su conclusión: "El sistema pensional debe estar protegido de los ciclos políticos y cada decisión debe priorizar el bienestar de los ahorradores". El sector planteó una propuesta alternativa que apunta a ampliar cobertura con cotización flexible, mejorar equidad con subsidios focalizados, garantizar sostenibilidad con ajustes en la edad de retiro y promover el crecimiento con reglas de inversión menos restrictivas.

El llamado ahora es para que el Gobierno, el Congreso y los candidatos presidenciales trabajen juntos en una reforma pensional que equilibre los intereses de los trabajadores con la salud de la economía.