Una denuncia de acoso sexual dentro del Gobierno Petro ha sacudido al Ministerio de la Igualdad. La candidata presidencial Paloma Valencia expuso públicamente el caso a través de sus redes sociales, señalando que el Viceministro de Igualdad, Acxan Duque, estaría involucrado en hostigamiento sexual contra una funcionaria de la cartera.

De acuerdo con lo expuesto por Valencia, Duque habría enviado fotografías con contenido sexual a una de sus compañeras de trabajo sin autorización. El funcionario, quien está encargado de la Oficina Jurídica del ministerio, habría incurrido en una conducta que vulnera las normas internas de convivencia laboral. La funcionaria afectada manifestó que recibir este material generó incomodidad y preocupación sobre su desempeño laboral dentro de la entidad.

En la denuncia presentada, la víctima expresó: "Frente a lo ocurrido, manifesté de manera inmediata mi inconformidad, solicitando que no se repitieran este tipo de comportamientos y reiterando la necesidad de mantener una comunicación estrictamente profesional". La denunciante también destacó que existe una jerarquización de poder que pudo haber sido utilizada para acosar a la trabajadora.

Paloma Valencia ha solicitado que organismos como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General intervengan en el caso. Además, pidió que se adopten medidas para proteger a la víctima y mantenga confidencialidad de su información. La candidata fue enfática en su crítica al Gobierno: "Ese funcionario debe ser apartado inmediatamente del cargo mientras se adelanta la investigación. Estos presuntos abusos no pueden suceder. Necesitamos acciones inmediatas para proteger a las mujeres. El Gobierno del cambio terminó siendo la mentira más grande de la historia".

Por su parte, ni el Ministerio de Igualdad ni Acxan Duque se han pronunciado públicamente para aclarar qué garantías se han ofrecido a la víctima o qué protocolos internos se han activado. Mientras se espera la respuesta oficial, las autoridades deberán determinar las implicaciones disciplinarias y penales del caso, además de evaluar si los protocolos de atención a denuncias funcionaron adecuadamente.