El anuncio presidencial de liquidar las EPS que no cumplan con indicadores financieros encendió las alarmas en la industria aseguradora. Según Ana María Vesga, presidenta de Acemi (gremio que agrupa a las aseguradoras), la medida está envuelta en una niebla de incertidumbre que preocupa a todos. En una entrevista con Mañanas Blu, Vesga fue directa: "No es claro nada de lo que dijo el presidente... lo que sí creemos es que nuevamente el Gobierno está jugando con la vida de los colombianos".

El problema, según el gremio, no es la intención sino la ejecución. Acemi plantea que las directrices carecen de soporte técnico y dejan sin respuesta preguntas elementales: qué EPS exactamente entran en la categoría de quebradas, en cuánto tiempo se ejecutaría una liquidación, y quién decide. La orden presidencial de proceder "dentro o fuera" suena firme en la práctica política, pero en la realidad operativa del sistema de salud es vaga.

Para Acemi, técnicamente hablando, solo las ocho EPS que ya están bajo intervención del Gobierno incumplen los indicadores patrimoniales de manera clara. Esas ocho entidades tienen bajo su cuidado aproximadamente 24 millones de afiliados y acumulan pérdidas de 13 billones de pesos. Vesga advierte que esas pérdidas se han profundizado en los últimos dos años, lo que hace más urgente definir qué pasará con esta población.

Aquí es donde la trama se complica. Desde varios sectores se interpreta que el Gobierno estaría usando esta orden para hacer por vía administrativa lo que no puede hacer por vía legislativa: consolidar el aseguramiento en la Nueva EPS. Es decir, trasladar a millones de pacientes hacia una sola entidad. Pero hay un obstáculo que el gremio considera crítico: nadie sabe con certeza cuál es la situación financiera real de la Nueva EPS. "Eso es una caja negra", dice Vesga. La entidad no ha publicado estados financieros desde diciembre de 2023, y las estimaciones del gremio sugieren que sus pasivos (lo que debe) podrían estar entre 15 y 20 billones de pesos. En otras palabras, trasladar millones de afiliados a una entidad que podría estar también en problemas.

El gremio subraya algo que en la jerga de la salud es fundamental: si las EPS colapsan o desaparecen sin un plan claro, la red de prestadores (clínicas, hospitales, laboratorios) queda en el aire. Estos proveedores trabajan generalmente con facturas pendientes y dependen del flujo de dinero de las aseguradoras. Una liquidación caótica significaría menos pago para ellos y, por ende, menos servicios disponibles para los pacientes.

Acemi es clara en su demanda: antes de liquidar nada, el Gobierno debe revelar con transparencia las finanzas de la Nueva EPS y diseñar un proceso con criterios técnicos verificables. Vesga concluyó señalando que "se requiere claridad sobre el impacto en la atención de los afiliados", porque al final, cualquier decisión que tome el Gobierno se la cobran los colombianos que dependen del sistema de salud público.