La compañía de energía ISA vive una de sus peores crisis de gobernanza después de que un tribunal ordenara anular el nombramiento de Jorge Carrillo como presidente. Lo que comenzó como sospecha de irregularidades en el proceso de selección terminó siendo confirmado por el Consejo de Estado, que encontró evidencia clara de manipulación en los requisitos para el cargo. Ahora, los accionistas minoritarios preparan un nuevo golpe legal: exigir responsabilidad civil a los miembros de la junta que votaron por Carrillo, buscando que respondan económicamente por los daños ocasionados.

La maniobra dentro de la empresa fue hábilmente ejecutada. Cuando la junta directiva se renovó en marzo de 2024 con personas cercanas a Ecopetrol (que controla más de la mitad de ISA), introdujeron un cambio estratégico: agregaron un nuevo criterio de evaluación basado en el tamaño financiero de las empresas que dirigiera cada candidato. El detalle curioso es que solo Carrillo, quien había estado al frente de las Empresas Públicas de Medellín, cumplía con ese requisito. El Consejo de Estado fue contundente: ese cambio en las reglas no tenía justificación técnica y violaba la moralidad administrativa exigida por la Constitución.

Lo más grave es que ISA había pagado entre 300 y 450 millones de pesos a la firma Korn Ferry para hacer una selección seria y profesional. El evaluador de esa firma internacional incluso clasificó a Carrillo entre los tres peores candidatos, señalando carencias en liderazgo y dificultades para manejar el fracaso. La junta simplemente ignoró esas recomendaciones y votó por él de todas formas, saltándose códigos de gobierno corporativo que debería respetar una empresa de su tamaño.

Detrás del caso hay preocupaciones sobre cómo Carrillo manejó proyectos importantes. En ISA Perú existe un contrato de 800 millones de dólares para construir líneas de energía, y los críticos cuestionan cambios de personal que hizo y cómo se está gestionando esa licitación. Estos son detalles que importan porque el 23 por ciento de las acciones de ISA pertenece a fondos de pensiones privados. Cuando una empresa grande toma malas decisiones administrativas o cuando cae el valor de sus acciones, los perjudicados son millones de trabajadores colombianos cuyos ahorros para la jubilación están invertidos en estos fondos.

En la próxima asamblea de accionistas, prevista para finales de marzo, los accionistas minoritarios iniciarán una acción de responsabilidad civil contra los cinco miembros de la junta que votaron por Carrillo: Ricardo Roa, David Riaño, Lucía Díaz, Luis Ferney Moreno y Fabiola Leal. El objetivo es que estos cinco directivos tengan que pagar de su bolsillo los perjuicios causados, incluyendo los honorarios pagados a Korn Ferry que resultaron inútiles, las indemnizaciones que hubo que entregar a vicepresidentes removidos, y otros costos derivados de la manipulación del proceso. Aunque Ecopetrol cuenta con votos suficientes para bloquear estas iniciativas, el precedente judicial ya quedó establecido: en ISA, violar los propios estatutos ya tiene consecuencias legales reales.