En ISA, la compañía estatal de energía, sigue hirviendo una disputa legal que ha trascendido los despachos de los jueces. Hace poco más de una semana, el Consejo de Estado tumbó el nombramiento de Jorge Carrillo como presidente de la empresa. Ahora, un accionista minoritario que demandó esa decisión está pidiendo que el procurador general de la Nación intervenga porque, a su juicio, la Junta Directiva está usando un truco legal para no cumplir la sentencia.

El quid del asunto es sencillo pero incómodo: cuando el Consejo de Estado anuló el nombramiento de Carrillo el 26 de febrero, la Junta Directiva no lo despidió. En lugar de eso, "suspendió temporalmente" su contrato de trabajo. Julios César Yepes, el accionista que promovió la demanda, reclama que esto no tiene pies ni cabeza. Si un juez dice que la elección fue nula (es decir, que nunca debió ocurrir), entonces el contrato que nació de esa elección tampoco debería existir. Suspender algo que es inválido, para Yepes, es simplemente una forma de ganar tiempo mientras se resuelven los detalles legales finales.

El Consejo de Estado fue bastante claro en su veredicto. Según el fallo, la Junta Directiva violó "el principio constitucional de la moralidad administrativa" porque cambió los criterios de evaluación a mitad del proceso y no le dio importancia a lo que decían los expertos de la firma Korn Ferry. En otras palabras: la jugada no fue limpia. Pero la Junta respondió con una solución que Yepes ve como una estrategia dilatoria.

Ahora Yepes exige que el procurador vigile que ISA cumpla el fallo de verdad. También le pidió información al presidente encargado de la compañía, Gabriel Jaime Melguizo, sobre qué se está haciendo para relanzar el proceso de selección de un nuevo presidente. El accionista advierte que ISA, por ser una empresa con dineros públicos y presencia en la bolsa de valores, no puede andar con estas ambigüedades. "Se desconoce qué actividades ha realizado ISA para cumplir esa orden judicial", señala Yepes, quien considera que la intervención del Ministerio Público es urgente para que no siga erosionándose la confianza de los colombianos en sus instituciones.