Un grupo de investigadores y académicos vinculados a la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, la Universidad de La Sabana, Harvard y otras instituciones internacionales publicó una carta en Revista Medicina para advertir que la crisis del sistema de salud colombiano no es apenas una cuestión de interpretaciones políticas, sino una realidad estructural verificable que ya está impactando a millones de personas.

Los autores de la carta, titulada "Narratives, evidence, and the material reality of Colombia's current health system crisis", responden a un análisis previo sobre cómo se politizan los datos en las discusiones sanitarias. Sin embargo, enfatizan que el país no puede permitirse quedarse en el debate sobre narrativas mientras se profundizan los problemas reales. "El sistema de salud colombiano atraviesa una crisis humanitaria en tiempo real y no solamente una disputa interpretativa sobre indicadores y narrativas de desarrollo", señalan los autores.

El crecimiento acelerado de las tutelas es uno de los indicadores más preocupantes. Entre 2022 y 2025, el número de estos recursos judiciales a los que recurren ciudadanos cuando consideran vulnerado su derecho a la atención médica se duplicó: pasó de 156.274 a 318.981 casos. Simultáneamente, las quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud crecieron 64 %, alcanzando más de 2 millones de reclamaciones en 2025. Para los investigadores, estos números revelan "una señal inequívoca de fallas estructurales" en el acceso a servicios médicos.

Detrás de esas cifras existen problemas concretos que afectan la vida diaria de los pacientes: dificultades para acceder a citas, negación de servicios, retrasos en diagnósticos e interrupciones en tratamientos. "Más allá de la retórica, las tutelas reflejan necesidades insatisfechas y barreras persistentes que afectan directamente la salud y la vida de las personas", advierte la carta. La situación se agrava en el caso de EPS bajo intervención gubernamental, como Nueva EPS, que atiende aproximadamente 11 millones de afiliados. Los académicos cuestionan que no se hayan divulgado estados financieros actualizados, lo que impide evaluar públicamente el riesgo sistémico.

Los investigadores también detectan un cambio preocupante en el comportamiento de las familias colombianas: entre 2023 y 2024, la cobertura de seguros privados y planes de medicina prepagada creció 37 %, alcanzando 1,66 millones de beneficiarios. Esto refleja una pérdida de confianza en el sistema público y está aumentando la segmentación en el acceso a servicios médicos. Muchas familias están asumiendo gastos adicionales, no porque quieran, sino como mecanismo defensivo ante la incertidumbre. Los académicos señalan que para amplios sectores de la población, los gastos en salud se están convirtiendo en una fuente creciente de fragilidad económica, obligando a renunciar a otros bienes esenciales.

La carta también menciona que la Corte Constitucional determinó a comienzos de 2025 el incumplimiento de la suficiencia financiera de la Unidad de Pago por Capitación, es decir, los recursos que el Estado gira a las EPS para gestionar la salud de la población. La Corte instó al Ministerio de Salud a establecer ajustes que aún no se han implementado. Finalmente, los investigadores hacen un llamado urgente: "El desafío más importante no es analizar la narrativa de la crisis, sino cómo enfrentarla urgentemente para evitar que sus consecuencias profundicen aún más una emergencia social y humanitaria".