La defensa del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla movió ficha en la cancha judicial este martes. Su abogado, Alejandro Carranza, radicó una solicitud de libertad argumentando que han pasado más de 120 días desde que se imputaron cargos el 1 de diciembre sin que se resuelva la apelación del caso. En términos simples: cuando una persona está detenida, la ley colombiana fija un tiempo máximo para que avance el proceso. Si se vence ese plazo sin decisión, la persona debe ser liberada.

Carranza denunció que "el profesor Ricardo Bonilla completa cuatro meses sin que le resuelvan la apelación" e incluso cuestionó el actuar de la Fiscalía. Según la defensa, cuando se cumplió el plazo de 120 días, la Fiscalía radicaría la acusación de forma extemporánea, es decir, fuera del tiempo establecido, pero con el propósito de subsanar la causal de vencimiento de términos y así mantener a Bonilla privado de libertad.

En medio del escenario judicial, el presidente Gustavo Petro tomó la palabra. "El profesor de economía, Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda de mi gobierno, está detenido arbitrariamente por simple sectarismo político", afirmó el mandatario en redes sociales. Petro fue aún más lejos al calificarlo como "un preso político de aparatos estatales que persiguen al gobierno en manos de la oposición" e hizo un llamado a organismos internacionales de Derechos Humanos pidiendo su "protección inmediata".

Bonilla está detenido acusado de haber liderado un supuesto esquema delictivo para influir indebidamente en el Congreso y conseguir la aprobación de las reformas sociales del Gobierno. Según la Fiscalía, bajo este arreglo se habrían ofrecido 79 proyectos de obras de la UNGRD e Invías por valor de más de medio billón de pesos, aunque solo siete se ejecutaron. La magistrada que ordenó su detención consideró que los procesados actuaban como parte de una estructura organizada desde posiciones de liderazgo para cometer delitos contra la administración pública.