Si alguna vez pensaste que las apps de reparto y transporte funcionan sin problemas, una investigación de la Universidad del Rosario te mostrará otra cara de la moneda. El estudio liderado por el sociólogo Óscar Javier Maldonado reveló que entre 200.000 y 400.000 colombianos dependen de estas plataformas como su principal fuente de ingresos, pero bajo condiciones que van mucho más allá de lo que cualquier regulación formal debería permitir.

Los números son inquietantes. Los repartidores ganan en promedio 867.000 pesos mensuales por 35 horas de trabajo, mientras que los conductores alcanzan cerca de 1,2 millones por 44,6 horas semanales. El problema es que hay casos donde la jornada se extiende a más de 70 horas sin que los ingresos siquiera toquen el salario mínimo. Eso no es flexibilidad: es desprotección disfrazada. La investigación, basada en más de 340 entrevistas a profundidad, documentó cómo estas empresas priorizan la rentabilidad sobre el bienestar de sus trabajadores.

Los riesgos físicos son graves. El 36,8 por ciento de los repartidores ha sufrido accidentes de tránsito mientras labora, y el 33,3 por ciento padece enfermedades directamente relacionadas con sus condiciones de trabajo. La mayoría carece de protección real en seguridad social. Pero hay algo más preocupante aún: cerca del 10 por ciento de estos trabajadores está próximo a la edad de jubilación sin ninguna garantía de pensión. En un país donde solo 4 de cada 10 personas cotiza a pensión, esto es una bomba de tiempo social.

Andrés García Suaza, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, describe la situación como un "mal equilibrio". La tecnología llegó rápido, pero la regulación no. La Reforma Laboral de 2025 (Ley 2466) intentó dar un primer paso con reglas sobre seguridad social para repartidores, pero el estudio advierte que quedan vacíos estructurales, especialmente para quienes manejan.

"El reto no es frenar las plataformas, sino evitar que su crecimiento se sostenga sobre la vulnerabilidad de la gente", concluye Maldonado. Colombia enfrenta una encrucijada: adaptar las reglas para una economía digital real, o permitir que la precariedad se normalice para millones de personas que simplemente necesitan ganarse la vida.