En un giro histórico para la política española, José Luis Rodríguez Zapatero enfrenta ahora la investigación más seria de su carrera. Por primera vez en la democracia del país, un expresidente deberá declarar como investigado en un caso de corrupción ante la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio. El juez José Luis Calama lo sitúa en el centro de una red supuestamente dedicada al tráfico de influencias, con conexiones a dinero opaco procedente de Venezuela.

La investigación gira alrededor de una pregunta central: si los 53 millones de euros que el Gobierno entregó a la aerolínea Plus Ultra en 2021 durante la pandemia sirvieron como vehículo para favorecer intereses privados, canalizar comisiones y blanquear capitales. Aunque el caso comenzó como una investigación sobre blanqueo de dinero, ha evolucionado hacia lo que el magistrado describe como "una estructura estable y jerarquizada" que buscaba obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante organismos públicos. Lo más grave es que, según la resolución judicial, personas relacionadas con esta red celebraban internamente la aprobación del rescate antes incluso de que fuera formalmente autorizado, lo que sugeriría un acceso privilegiado a información reservada del Gobierno.

Zapatero aparece acusado de delitos que incluyen tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, con posibles conexiones a blanqueo de capitales. El juez sostiene que el expresidente puso "sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración" al servicio de terceros. La investigación también señala que aproximadamente 1,95 millones de euros terminaron en el entorno del expresidente y en Whathefav, una empresa de comunicación y marketing administrada por sus hijas, a través de contratos de asesoría supuestamente ficticios.

En el corazón de la operativa investigada aparece Julio Martínez Martínez, un empresario alicantino y amigo cercano de Zapatero que administraba la consultora Análisis Relevante. Los fiscales sospechan que esta empresa funcionaba como una herramienta para triangular pagos, mientras que diversas sociedades operaban como pantallas financieras. Particularmente preocupante para los investigadores es la creación de una sociedad en Dubái, Landside Dubai FZCO, diseñada supuestamente para canalizar pagos relacionados con Plus Ultra y dificultar su trazabilidad, un patrón típico de esquemas de blanqueo de capitales.

El nexo venezolano también juega un rol central en la causa. Francia y Suiza investigaban paralelamente una red de blanqueo vinculada a fondos opacos venezolanos. Parte de ese dinero provendría de la venta irregular de oro y de los programas CLAP, los programas de distribución alimentaria del chavismo. Los investigadores sospechan que el rescate de Plus Ultra pudo utilizarse posteriormente para introducir esos fondos en circuitos financieros legales.

Zapatero ha rechazado categóricamente todas las acusaciones. "Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra", sostuvo en un vídeo tras conocerse su imputación. También niega haber tenido sociedades mercantiles propias o estructuras empresariales en el extranjero. El Gobierno y el PSOE han apelado a la presunción de inocencia, denunciando lo que consideran una estrategia de "acoso" político, aunque es significativo que el partido en el poder evite cuestionar directamente la actuación judicial.

La investigación aún continúa en fase de instrucción, lo que significa que no existe una acusación formal ni una condena. Con el levantamiento parcial del secreto de sumario, las defensas ahora tendrán acceso a miles de documentos, registros e intervenciones de comunicaciones. Para Colombia y el resto de Latinoamérica, este caso es un recordatorio de cómo el dinero de origen dudoso proveniente de gobiernos de la región puede trasladarse hacia estructuras de corrupción en países considerados más desarrollados y con instituciones supuestamente más fuertes.