Hace una década, el 20 de mayo de 2016, Italia dio un paso que parecía definitivo hacia la inclusión: legalizó las uniones civiles entre parejas del mismo sexo mediante la ley conocida como Cririnná. Fue un triunfo después de años de batalla contra la oposición de sectores católicos y ultraconservadores en un país donde casi el 10% de la población se identifica como parte de la comunidad LGBTIQ, según datos de 2023. Los números lo confirman: entre 2016 y 2024 se registraron más de 24.000 uniones homosexuales, con un predominio de parejas masculinas y 2023 como uno de los años más activos, con 3.019 uniones formalizadas.

Pero la realidad sobre el terreno es muy distinta. Italia sigue siendo un país hostil para las personas diversas, especialmente desde que Giorgia Meloni llegó al poder en 2022 como cara visible de una coalición ultraderechista que prometió defender lo que ella llama "valores familiares tradicionales" y combatir lo que su círculo denomina "lobby LGBT". Esas promesas de campaña se han convertido en políticas concretas: su gobierno ha bloqueado el matrimonio igualitario, impedido que parejas del mismo sexo adopten legalmente, castigado la gestación subrogada y restringido el acceso a técnicas de reproducción asistida como la fecundación in vitro. Son decenas de miles de personas que han formalizado sus uniones ante la ley, pero que siguen sin gozar de igualdad plena.

Lo paradójico es que la mayoría de los italianos parece estar lista para un paso más. Encuestas recientes revelan que la población estaría dispuesta a avanzar hacia el matrimonio igualitario. Familias diversas que pagan hipotecas, impuestos y son visibles en el país no encuentran el respaldo legal que merecen. La brecha entre lo que la sociedad civil acepta y lo que el gobierno permite sigue siendo profunda, dejando en la práctica a parejas del mismo sexo en un limbo de derechos parciales.