En una escuela del sur de Madrid, durante las tardes, un grupo de voluntarios atiende a personas migrantes que buscan beneficiarse de la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno español. Sentados en pequeñas sillas alrededor de mesas bajas, entre papeles y computadoras, estos ciudadanos se reúnen dos veces por semana con una misión clara: ayudar a quien llegó a España antes del 1 de enero de 2026 a normalizar su situación legal, siempre que no tenga antecedentes penales. Nacho García, integrante de la Asociación de Familias de Alumnos de la institución, explica que el objetivo es "acompañar a gente que está perdida" y ayudarles a "ordenar la información, pedir la cita si le resulta difícil y, en última instancia, podemos ir con la persona a presentarlo físicamente".

Lo que sucede en esta escuela se replica en iglesias, parroquias y centros comunitarios de toda España. En la parroquia Nuestra Señora de la Concepción del noreste de Madrid funciona Oasis, un grupo de acogida para migrantes que abrió un día adicional en la semana exclusivamente para asesorar a quienes desean solicitar la regularización. Doris Castillo, quien coordina la organización, subraya que "esto es un proceso de voluntarios, somos más de 10 personas y muchos de ellos, casi todos, también migrantes, que aparte de venir a participar, tienen mucho que aportar". El abogado colombiano Diego Bonil Vaca, radicado hace 18 años en España y experto en temas de extranjería, participa en estas sesiones de forma gratuita. Para él, "es un tema de convicción" y de "empatizar" porque dice: "Yo soy migrante y he sufrido en carne propia este proceso de adquirir una residencia, tener un permiso de trabajo, hacerte ciudadano español".

Este apoyo es especialmente necesario porque circula mucha desinformación y existen riesgos de estafa. Bonil Vaca advierte sobre "mucho intrusismo" en servicios de extranjería y personas "muy desaprensivas" que engañan a migrantes. Una de las estafas más comunes es cobrar dinero por trámites completamente gratuitos, como el empadronamiento o la solicitud de una cita. María Isabel Leyva Quintanilla, una mujer peruana, cuenta que le pidieron entre 300 y 500 euros por un empadronamiento. Ella había casi abandonado la esperanza de regularizarse, pero tras participar en una sesión informativa en la parroquia, afirma: "creo que al menos tengo una oportunidad, que tengo que ir a la Embajada de Perú para ver si hay la posibilidad de sacar mis papeles".

Olga Lucía Marín, una colombiana que llegó a España hace un año y ya presentó su solicitud junto a su familia, ahora ayuda a otros solicitantes. Ella agradece que "mucha gente de España nos está apoyando y también ve que nosotros no venimos acá a ser una carga para el país, sino que venimos a aportar con trabajo, con ideas". Los migrantes latinoamericanos representan cerca del 90 por ciento de los 840 mil migrantes irregulares estimados en España, principalmente de Colombia, Perú, Honduras y Venezuela.

Aunque la regularización divide a la sociedad española, con un 37,6 por ciento de apoyo y un 33 por ciento de rechazo según encuestas recientes, el sector empresarial ha celebrado la iniciativa. Esto ocurre porque muchos de estos migrantes ya trabajan sin papeles, así que la regularización permitirá que contribuyan legalmente a través de cotizaciones de seguridad social e impuestos. Todos los migrantes consultados enfatizaron que poder acceder a un contrato formal de trabajo es su principal objetivo. Luis Santiago Carlos Rojas, peruano que estudiaba Derecho y Administración, ha trabajado hasta 18 horas diarias desde su llegada a España en agosto de 2024, pero con salarios mínimos. Para él, "esto me parece una puerta muy buena para todos nosotros que queremos formalizar, que venimos a trabajar y a echarle para adelante".