En la noche del 7 de julio, Marine Le Pen sonreía con razón frente a las cámaras del telediario francés más visto. El Tribunal de Apelación de París le había otorgado un regalo inesperado: la posibilidad de seguir siendo candidata presidencial mientras su caso llega al máximo tribunal. Todo gracias a un recurso de casación que, por ley, suspende automáticamente la ejecución de la pena mientras se revisa.

Para entender la jugada: Marine Le Pen estaba condenada a usar pulsera electrónica por supuesta malversación de fondos públicos. Normalmente, habría tenido que enfrentar esta restricción en cuestión de semanas. Pero el recurso de casación cambió el tablero. Ahora tiene garantizada su libertad de movimiento al menos hasta finales de 2026. Es decir, puede hacer campaña sin obstáculos durante toda la carrera electoral. La francesa ya ha sido candidata cuatro veces y sabe bien lo que significa tener los movimientos limitados en plena contienda política.

Lo ingenioso de la estrategia radica en el calendario. El Tribunal de Casación, última instancia judicial francesa, tarda entre ocho meses y un año en pronunciarse sobre estos recursos. Si todo sale como espera Le Pen, la decisión llegaría después de las elecciones presidenciales o justo cuando la campaña cierra. Además, este tribunal no juzga culpabilidad ni inocencia. Solo verifica si hubo errores jurídicos en cómo se aplicó la ley. Por eso, cuando Le Pen declara en TF1 que quiere "demostrar su inocencia", está siendo estratégica: ese tribunal no se pronunciará sobre eso jamás.

En el plano político, Le Pen ya está ejerciendo presión. Habla de "libertad para votar" recuperada y anima a sus votantes a apoyarla. Incluso organizó manifestaciones bajo el lema Salvemos la Democracia. Sus adversarios no descansarán en atacarla sobre este tema, pero ella espera que la presión popular y mediática logre lo que hizo con el tribunal de apelación: que flexibilicen su posición.

El riesgo es real, sin embargo. Si el Tribunal de Casación desestima su recurso a principios de 2027, su condena se haría firme. Entonces tendría que usar la pulsera electrónica en plena campaña o incluso después, en el período más crítico electoralmente. Un abogado del Tribunal de Casación lo resumió bien: sería "una jugada atrevida" que crearía una "tensión con los jueces" en el momento menos conveniente.

Marine Le Pen ya lo calculó todo. Cuando le preguntaron en televisión qué pasaría si la desautorizaban de nuevo, simplemente respondió: "Ya veremos". Una respuesta que expresa la confianza de quien ya tiene un plan B, ya sea que los tiempos judiciales se estiren o que, de manera más arriesgada, los tribunales no se animen a tomar una decisión políticamente explosiva a puertas de unas elecciones presidenciales.