La Asamblea Nacional de Venezuela dio luz verde esta semana a una ley de amnistía que abre las puertas para liberar a cientos de personas encarceladas. Lo inusual es que tanto el oficialismo como la oposición votaron a favor, en una decisión que fue calificada como unánime tras dos semanas de consultas con diferentes sectores políticos y de la sociedad civil.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez firmó la norma en un acto oficial de la casa de gobierno. En sus palabras, expresó que "hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía". Por su lado, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, lamentó que "hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos" para que se buscara la "hermandad, la unión y la paz de la República".

Pero aquí viene lo complicado: organizaciones de derechos humanos están lejos de considerarla un triunfo completo. Señalan que la ley es restringida y no ofrece protección a aquellos que ellas consideran "presos políticos", incluidos algunos militares. El gobierno venezolano rechaza esta clasificación y sostiene que los encarcelados cometieron delitos reales.

La ley cubre a quienes participaron en protestas políticas y acciones violentas durante el golpe de Estado de 2002, además de hechos vinculados con manifestaciones en ciertos períodos de 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025. Pero hay excepciones importantes: quedan fuera las personas condenadas por "rebelión militar" por lo que hicieron en 2019.

El texto tiene limitaciones claras. No devuelve bienes que fueron incautados, no cancela las inhabilitaciones para ejercer cargos públicos ni elimina sanciones contra medios de comunicación, medidas que sí aparecían en versiones anteriores de la norma. Además, quienes estén en el exterior deben regresar personalmente a Venezuela para que se les conceda la amnistía, aunque pueden designar un abogado para presentar la solicitud. La ley tampoco aplica a condenados por violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, asesinato, narcotráfico, corrupción, ni para quienes realicen "acciones armadas" con apoyo de estados extranjeros.

Foro Penal, una organización que monitorea casos de encarcelamiento, ha criticado estos límites. Su vicepresidente, Gonzalo Himiob, reconoció que aunque la amnistía no es tan amplia como se esperaba, "la lucha por la libertad debe continuar". Por su parte, la diputada opositora Nora Bracho admitió que la ley "no es perfecta", pero la consideró un avance hacia la reconciliación.

Mientras se aprobaba la ley, familiares de detenidos completaban su quinto día de huelga de hambre en un campamento frente a una comisaría de Caracas. Reclamaban el cumplimiento de promesas de liberación que había hecho el jefe parlamentario. Para el jueves, solo una persona continuaba en la huelga: Narwin Gil, de 40 años, cuñada de un detenido. Otra participante, Sandra Rosales, esposa de un policía encarcelado, dejó la protesta por recomendación médica pero permanecía en el lugar. "Queremos es la libertad", afirmó.