En los últimos años los vapeadores o cigarrillos electrónicos se popularizaron como alternativa al tabaco tradicional. Sin embargo, el gobierno colombiano decidió regularlos con la ley 2354 de 2024, que modifica normas anteriores y establece sanciones específicas para quienes los usen en espacios cerrados. La regulación busca proteger tanto a usuarios como a personas expuestas involuntariamente a estos aerosoles.

La sanción para quien vapea en un espacio público cerrado es la multa tipo 3 del Código Nacional de Policía, que equivale a hasta 16 salarios mínimos diarios. Según Daniel Amado Murillo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, consultado por El Espectador, esta multa oscila entre 752 mil y 933 mil pesos. Sin embargo, la cifra puede aumentar dependiendo de si hay otras infracciones concurrentes, el tipo de sustancia utilizada y el lugar donde ocurra. Si alguien vapea dentro de un colegio o universidad, la sanción es considerablemente mayor.

La situación cambia cuando el vapeo ocurre dentro de un establecimiento comercial. En estos casos, la responsabilidad recae sobre el dueño del negocio, no sobre quien consume. Las multas para propietarios van desde un salario mínimo legal mensual hasta cien salarios mínimos mensuales vigentes, según la ley 2354 de 2024. La Alcaldía es la entidad encargada de hacer cumplir estas disposiciones.

Los vapeadores funcionan sin quemar tabaco. Contienen cartuchos con nicotina, THC, aceite de cannabinoides, sabores y otras sustancias químicas que se convierten en vapor al inhalar. Aunque algunos estudios sugieren que vapear nicotina podría ser menos nocivo que los cigarrillos convencionales para fumadores que hacen un cambio completo, Juan Eduardo Guerrero Espinel, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, advierte que "el uso constante de estos productos puede provocar problemas de salud como cáncer, riesgos cardiovasculares, enfermedades respiratorias agudas, adicción a la nicotina, entre otras condiciones que continúan en estudio". Esta regulación fue impulsada por los senadores Norma Hurtado y José David Name, junto con organizaciones como Red Papaz y la Fundación Anáas.