Durante la quinta Convención del Sector de Alojamiento de Cotelco, realizada en el Quindío, se instaló con fuerza el tema de cómo regular los alquileres turísticos de corta estancia. Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Uruguay, presentó los detalles de la primera ley nacional que su país aprobó tras varios intentos fallidos desde 2015. La iniciativa no busca prohibir esta actividad, sino establecer orden en el mercado. Según Rodríguez, "La idea no es prohibir, la idea no es perseguir, la idea es ordenar".

La ley uruguaya obliga al registro de quienes ofrecen alojamientos turísticos, lo que permite identificar tanto a propietarios como a huéspedes. Esta medida responde a tres objetivos centrales: mejorar la seguridad, crear condiciones equitativas de competencia entre operadores formales e informales, y formalizar empleos en el sector. Uruguay cuenta con cerca de 120.000 personas trabajando en turismo, lo que representa aproximadamente el 10 por ciento de su población activa. Rodríguez señaló que la regulación podría fortalecer la generación de empleo formal, ya que actualmente muchos trabajos en este campo operan fuera del sistema.

Uruguay ha sido testigo de cómo el crecimiento sin control de alojamientos informales afecta destinos turísticos. En Colonia, después de la pandemia, más de 20 hoteles permanecen cerrados debido a la competencia con establecimientos no regulados. Rodríguez explicó que estos emprendimientos, muchos de carácter familiar, no pueden sostenerse si la ocupación cae por debajo del 60 por ciento. El dirigente también citó lo ocurrido en Barcelona, donde el auge de alquileres turísticos elevó los precios de vivienda entre un 50 y 100 por ciento, desplazando a residentes locales.

Desde Colombia, José Andrés Duarte García, presidente ejecutivo de Cotelco, coincide en la necesidad de regulación pero plantea que las plataformas digitales no deben excluirse del turismo. Sin embargo, advierte que "La competencia en modalidades no reguladas de alojamiento, crece y crece sin parar, sin una intervención clara desde el Estado". El problema radica en que estos servicios operan sin cargas como el IVA, lo que reduce artificialmente sus precios frente a la oferta hotelera formal.

Colombia avanza en esta dirección. El Gobierno prepara un decreto para finales de 2026 orientado a formalizar los alquileres turísticos de corta estancia. La propuesta exige el Registro Nacional de Turismo, cumplimiento de normas de uso de suelo, aplicación del IVA y sujeción a reglas de propiedad horizontal. Además, las plataformas digitales deberán interoperar con la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), entregando información detallada de transacciones para mejorar la fiscalización y reducir evasión de impuestos.

Ambos países enfrentan dinámicas similares en ciudades como Bogotá y Medellín, donde el crecimiento de estos alojamientos ha generado fricciones con el sector hotelero tradicional. La discusión no busca eliminar las plataformas digitales sino establecer reglas claras que equilibren innovación, acceso y regulación. A medida que la digitalización continúa expandiéndose, la región se prepara para enfrentar desafíos que requieren intervención estatal clara, sin frenar el crecimiento del turismo.