La Universidad de La Guajira se tomó los barrios Claudia Catalina y Pinal del Río con un propósito claro: acercar justicia a quienes menos recursos tienen para pagarla. A través de brigadas jurídicas y sociales, estudiantes y docentes de la institución desplegaron una jornada donde le dieron respuesta a necesidades reales de gente común que vive en barrios vulnerables.

Lo que empezó como una iniciativa de asesoría legal se convirtió en algo más amplio. Los brigadistas no solo ofrecieron orientación gratuita en derecho civil, familiar, penal y laboral, sino que también abrieron espacios para escuchar y acompañar psicosocialmente a los vecinos. El equipo reconoció que los problemas de la gente van más allá de lo legal: también está el estrés, los conflictos en las familias y, lamentablemente, la violencia intrafamiliar que afecta a muchos.

La presencia coordinada del Consultorio Jurídico y el programa de Trabajo Social permitió una atención integral. Mientras algunos estudiantes orientaban sobre herencias, custodia de menores o derechos laborales, otros ofrecían herramientas para que las personas pudieran afrontar sus angustias y preocupaciones cotidianas.

Los habitantes de esos barrios reaccionaron con gratitud. Muchos no tienen dinero para pagar un abogado, así que encontrar soluciones reales a sus conflictos legales fue un alivio genuino. Lo mismo pasó con el apoyo emocional: personas que necesitaban simplemente ser escuchadas encontraron en los brigadistas la disponibilidad y el profesionalismo para atender sus historias.

Con acciones de este tipo, la Universidad de La Guajira demuestra que la academia tiene un rol que trasciende las aulas. No basta con formar profesionales dentro de cuatro paredes. La verdadera transformación social ocurre cuando esa formación se pone al servicio de los territorios más golpeados, donde la justicia y el bienestar emocional son lujos que muchos no pueden costear.