La mañana en que la Fiscalía esperaba formalizar cargos contra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, en Villavicencio resultó ser otro episodio de tensión en un proceso que promete ser complicado. El jefe de las disidencias del autodenominado Estado Mayor de bloques y frentes simplemente no se presentó a la audiencia ante el juez de control de garantías, y tampoco lo hizo su abogado defensor. Por eso, la juez decidió fijar una nueva fecha: jueves 28 de mayo a las 9:00 de la mañana.

Calarcá es uno de los comandantes más relevantes de la facción disidente más fuerte del país, con control territorial en Meta, Guaviare y Caquetá. La Fiscalía tiene preparada una batería importante de cargos para cuando finalmente se realice la imputación: concierto para delinquir, homicidio agravado, homicidio en persona protegida y otros delitos relacionados con operaciones armadas de su estructura ilegal.

La acusación se fundamenta en investigaciones prolongadas e información extraída de dispositivos electrónicos que fueron incautados en 2024. Esa evidencia proviene de un operativo en Antioquia cuando Calarcá y otros siete disidentes fueron retenidos mientras se trasladaban en camionetas. Los fiscales del Grupo de Tareas Especiales consideran que los hechos investigados podrían constituir crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad.

Entre los casos más graves está la orden que habría impartido Calarcá para asesinar a una lideresa social en el Cauca, y la instalación de minas antipersona contra una caravana militar en Antioquia, operación que dejó siete soldados muertos. De acuerdo con la fiscal Luz Adriana Camargo, "la continuidad de actividades terroristas en el Meta, incluyendo la colocación de artefactos explosivos en establecimientos comerciales tras su designación como vocero. La evidencia que hemos encontrado no es poca".

Este aplazamiento se suma a la compleja relación entre el Gobierno nacional y las distintas facciones disidentes que participan en los procesos de negociación y acercamientos de paz impulsados por el presidente Gustavo Petro. La inasistencia a la audiencia de esta semana muestra que el camino hacia la judicialización de estos procesos sigue siendo sinuoso y lleno de incertidumbre.