El descontento que ya venía creciendo entre los cordobeses por los peajes en el San Jorge llegó a un punto de ebullición. Durante un acto político en Montería, dirigentes regionales y candidatos presidenciales volvieron a cuestionar un sistema que obliga a los habitantes de esa zona a pagar tres peajes en menos de 100 kilómetros, una carga que muchos consideran imposible de soportar.

El exgobernador Orlando Benítez Mora fue uno de los que más fuerte levantó la voz. Pidió públicamente que, si llega a la Presidencia, se elimine al menos uno de los peajes que funcionan entre Los Manguitos y La Apartada. Según su análisis, los cobros afectan a diario a los municipios del San Jorge que dependen de esa carretera para prácticamente todo: trabajar, estudiar, transportar productos. "Se volvió una barrera económica", resumió el sentir de miles de personas que atraviesan esa ruta constantemente.

La candidata presidencial Paloma Valencia también respondió al reclamo, aunque con un tono más cauteloso. Aseguró que buscaría renegociar las concesiones viales para revisar la situación de algunos peajes, pero aclaró que no tomaría decisiones unilaterales que pusieran en riesgo los contratos existentes o paralizaran proyectos. "Un peaje no puede convertirse en la imposibilidad de llegar al pueblo de al lado", expresó Valencia, una frase que resonó con la realidad que viven muchos habitantes de la región.

Benítez también aprovechó para cuestionar otro tema que mantiene a los cordobeses frustrados: el avance de la doble calzada entre Sahagún, Chinú y Sampués. Señaló que a pesar de los peajes que ya están operando, las obras no muestran resultados concretos en el territorio, lo que alimenta aún más el sentimiento de que la gente paga sin recibir lo prometido.

La molestia de fondo es clara: los habitantes del San Jorge sienten que cargan con peajes constantes mientras muchas vías siguen deterioradas, con retrasos en obras y promesas que no se cumplen. Es un problema que trasciende la campaña política y toca directamente el bolsillo de familias, transportadores y comerciantes que no ven cómo justificar esos cobros sin mejoras visibles en las carreteras.