La administración Trump tomó una decisión sin precedentes para contener una crisis energética que ha disparado los precios del crudo a niveles no vistos en años. Este viernes 20 de marzo, el Departamento del Tesoro anunció una exención temporal de sanciones que permite la compra y venta de petróleo iraní que ya estaba cargado en buques en el mar. La medida regirá durante 30 días, hasta el 19 de abril, en un intento desesperado por inyectar oferta al mercado global en medio de la guerra con Irán.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que esta autorización podría sumar alrededor de 140 millones de barriles adicionales al mercado internacional. "Al desbloquear temporalmente este suministro existente, Estados Unidos aumentará rápidamente la oferta energética mundial", afirmó Bessent. Sin embargo, Washington dejó clara su intención de mantener la presión sobre Teherán: el régimen iraní tendrá dificultades para acceder a los ingresos que genere esta venta, pues se mantendrá su exclusión del sistema financiero internacional.

Este movimiento se inscribe en una estrategia más amplia de la Casa Blanca. En las últimas dos semanas, Washington ya había relajado temporalmente las sanciones al petróleo ruso, y ahora emitió una licencia general que autoriza la venta de crudo iraní transportado por mar durante el mismo período. Es un acto de equilibrismo económico: por un lado, estabilizar los precios internos; por otro, evitar que el gobierno de Teherán se enriquezca con la medida.

El trasfondo de estas decisiones es dramático. Desde el inicio del conflicto, el cierre del estrecho de Ormuz, una arteria vital para el comercio mundial de petróleo, ha reducido drásticamente la oferta y disparado la incertidumbre en los mercados. El crudo Brent alcanzó los 112 dólares por barril, un aumento superior al 50 por ciento respecto a los niveles previos al conflicto. En Estados Unidos, según la Asociación Automovilística Estadounidense, el galón de gasolina oscila entre 3,8 y 4,2 dólares, impactando directamente el bolsillo de los consumidores.

El nerviosismo se propaga más allá del mercado energético. El índice S&P 500 registró una caída cercana al 1,5 por ciento, reflejando la angustia de los inversionistas ante una posible prolongación de la crisis. Buscando reforzar aún más la logística energética interna, Trump también modificó la ley Jones para permitir que embarcaciones extranjeras transporten petróleo entre puertos estadounidenses.

Sin embargo, los analistas advierten cautela. Aunque estas medidas son significativas, ofrecerían solo un alivio temporal si el conflicto se prolonga o intensifica. La reapertura del estrecho de Ormuz sigue siendo incierta, y la volatilidad energética podría prolongarse. Para Colombia y el resto de América Latina, que importan petróleo refinado de Estados Unidos, una crisis energética prolongada tendría consecuencias en precios y disponibilidad de combustibles, haciendo aún más importante el desenlace de este conflicto en Medio Oriente.