Una decisión judicial pone en pausa uno de los cambios más controvertidos que el Gobierno buscaba implementar en el sistema de aseguramiento en salud. El Tribunal Administrativo de Antioquia decretó una medida cautelar que suspende el Decreto 182 de 2026 del Ministerio de Salud, el cual pretendía reorganizar el funcionamiento de las EPS en más de 504 municipios del país.

La razón de la alarma es comprensible si se entiende lo que el decreto buscaba hacer. Establecía un límite de cuáles EPS podían operar en cada territorio, y en muchos municipios dejaba una única opción: Nueva EPS, una entidad que ya enfrenta serios problemas de funcionamiento y crisis fiscal. Los usuarios afiliados a otras EPS que quedaran fuera de esa lista serían trasladados automáticamente por la ADRES a una de las permitidas.

Pero quienes realmente se preocupaban por las consecuencias eran los que están en la primera línea de atención: hospitales y clínicas. La Unión de IPS de Colombia alertó desde antes de la suspensión sobre un riesgo que es casi material. Cuando una EPS abandona una región, "con frecuencia deja obligaciones pendientes con clínicas, hospitales y centros médicos que ya prestaron los servicios a los usuarios", señaló el gremio. En otras palabras, los prestadores de salud quedarían cargando con las deudas sin poder cobrar por servicios que ya habían brindado.

La organización fue más lejos en su advertencia. "La reorganización del aseguramiento no puede significar que las IPS asuman las deudas del sistema. Si las EPS salen de las regiones sin pagar lo que deben, se pone en riesgo la operación de los prestadores y, en consecuencia, la atención de los pacientes", expresó. Pidieron explícitamente al Ministerio de Salud que, si seguían adelante, establecieran garantías claras de pago antes de hacer cualquier traslado de usuarios.

El tribunal antioqueño acogió estas preocupaciones y consideró que existen indicios suficientes de que el decreto afectaría derechos colectivos fundamentales: acceso a la salud, libre elección de usuarios y libre competencia en el sistema. Además, señaló que la reorganización, en la práctica, concentraría la prestación del servicio en un solo operador, favoreciendo particularmente a Nueva EPS en amplias zonas del país.

Por ahora, mientras el tribunal analiza de fondo si el decreto es válido o debe ser anulado definitivamente, el Ministerio debe abstenerse de aplicarlo. Queda abierta una pregunta crucial para el futuro: si el Gobierno insiste en reorganizar el aseguramiento territorial, ¿cómo garantizará que los prestadores de salud no terminen pagando el costo de los cambios?